Sep. 8, 2024 9:49 pm

Un grupo de 16 estados, encabezados por Texas, ha presentado una demanda urgente contra la administración Biden-Harris, acusando a la Casa Blanca de implementar una política migratoria ilegal que promueve y recompensa la inmigración ilegal.

El Procurador General Ken Paxton del estado de Texas publicó en X:

La acción legal, presentada en colaboración con Stephen Miller, fundador de America First Legal, busca bloquear la política de «libertad condicional en su lugar» que, según los demandantes, otorga amnistía ejecutiva y allana el camino hacia la ciudadanía para más de un millón de inmigrantes que han ingresado ilegalmente a Estados Unidos.

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Por su parte American Firts Legal anunció también en su cuenta de X:

La demanda, presentada en un tribunal federal, sostiene que la administración Biden ha excedido su autoridad al implementar esta política, la cual permite a los inmigrantes ilegales obtener permisos de trabajo y protección contra la deportación, sin pasar por los procesos legales establecidos por el Congreso. Los estados demandantes demandan que esta política no solo viola las leyes de inmigración vigentes, sino que también socava la soberanía de los estados al imponerles el costo de servicios sociales, de salud y de seguridad para los inmigrantes que ingresan bajo este programa.

El Asesor principal de Trump, también lo hizo publico en su cuenta de X:

La política en cuestión ha sido defendida por la administración Biden como una medida “humanitaria destinada a proteger a los inmigrantes que huyen de condiciones extremas en sus países de origen” curiosa justificación.

Según funcionarios de la Casa Blanca, esta política permite a ciertos inmigrantes recibir un estatus temporal, conocido como «libertad condicional», que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos mientras esperan sus audiencias de inmigración.

Sin embargo, esta política ha sido mal utilizada para permitir la entrada masiva de inmigrantes sin cumplir con los requisitos legales.

La demanda sostiene que, en lugar de cumplir con las leyes federales, la administración Biden ha creado una vía rápida hacia la ciudadanía para personas que han cruzado ilegalmente la frontera, incentivando así la inmigración ilegal.

El resultado de esta demanda podría tener implicaciones significativas para la política migratoria de Estados Unidos. Si los estados demandantes tienen éxito, la administración Biden podría verse obligada a revertir o modificar significativamente su enfoque actual hacia la inmigración.

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