Joana Campos 
La reciente reaparición en España de Carles Puigdemont, exlíder de la Generalitat de Cataluña y figura clave del movimiento independentista catalán, ha reavivado el debate sobre la independencia de Cataluña y la complicada relación de esta comunidad autónoma con el gobierno central español.
La policía de Barcelona cerró el centro de la ciudad tras el regreso del líder separatista catalán Carles Puigdemont a España después de casi siete años en el exilio.
Se produjeron disturbios a favor de la independencia frente al parlamento local, lo que llevó a la policía a usar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
A pesar de una orden de arresto, Puigdemont apareció ante una multitud de simpatizantes.
En 2006, se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que ampliaba los poderes del gobierno regional. Sin embargo, en 2010, el Tribunal Constitucional de España recortó varias de estas disposiciones, lo que avivó el sentimiento independentista entre muchos catalanes. Este descontento culminó en el referéndum ilegal de independencia celebrado en octubre de 2017, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España.
Carles Puigdemont fue una figura central en la organización del referéndum de 2017. Tras la votación, el parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno español. Se aplicó el artículo 155 de la Constitución española, suspendiendo temporalmente la autonomía de Cataluña y destituyendo al gobierno regional.
Ante la amenaza de arresto, Puigdemont huyó a Bélgica, evitando así ser detenido junto a otros miembros de su gobierno que fueron encarcelados. Desde entonces, ha vivido en el exilio, defendiendo la causa independentista desde el extranjero.
El reciente regreso de Puigdemont a España, aunque breve, ha sido un movimiento calculado. En un evento que parece sacado de una novela de intriga, Puigdemont apareció en Barcelona para dar un discurso frente a sus seguidores, aprovechando la ceremonia de investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat.
Durante su discurso, «¡Viva una Cataluña libre!», proclamó, también Puigdemont afirmó que había regresado para «recordarles que todavía estamos aquí» y reafirmó su compromiso con la independencia de Cataluña. Sin embargo, tras su intervención, logró evadir nuevamente a las fuerzas de seguridad y regresar a Bélgica, su lugar de residencia en el exilio.
La aparición de Puigdemont en Barcelona no solo fue un desafío al gobierno central español, sino que también generó tensiones dentro de Cataluña. La policía autonómica, conocida como los Mossos d’Esquadra, ha sido criticada por no poder detener al exlíder catalán. La polémica creció con la detención de dos agentes sospechosos de haber colaborado en su fuga.
Quién es responsable.
Esta insólita sucesión de acontecimientos ha generado una fuerte polémica en España, donde los medios han destacado el escándalo que supone que un fugitivo de alto nivel entre en el país, aparezca en un acto público y escape de nuevo sin ser detenido.
También se ha señalado al cuerpo policial de los Mossos como responsable de que esto haya ocurrido.
El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, dio este viernes algunas explicaciones sobre lo sucedido que tampoco han contribuido a aplacar el escándalo.
Aseguró que, para burlar a la policía, Puigdemont se valió de técnicas como usar un sombrero de paja similar al de otras personas presentes en el acto, además de gozar de la protección de “un muro humano” de correligionarios que habrían impedido a los agentes aprehenderlo.
Sallent defendió que el plan había sido arrestarlo «en el lugar más adecuado» y especificó que el expresidente de la Generalitat “huyó del lugar en un vehículo que los Mossos intentaron detener, pero no lo consiguieron«.
También confirmó que dos agentes han sido detenidos bajo sospecha de haberlo ayudado a huir.
La policía catalana se enfrenta ahora al escrutinio de un juez del Tribunal Supremo español, que le ha exigido una explicación de por qué Puigdemont logró escapar.
El juez Pablo Llarena, que emitió la orden de arresto de Puigdemont, también ha preguntado al Ministerio del Interior del gobierno de Pedro Sánchez sobre sus planes para arrestarlo en la frontera, algo que no ocurrió.
El movimiento independentista ha generado una profunda división en la sociedad catalana. Ha enfrentado a familias, amigos y vecinos, y ha creado un ambiente de confrontación constante. La insistencia en la independencia ignora a una parte significativa de la población catalana que se siente tanto catalana como española y que valora la unidad del país.
Puigdemont ha sido una figura divisiva que ha causado una gran fractura social y política en Cataluña y en toda España manipulando a una parte de la población catalana al promover una narrativa que no representa la realidad completa. Ha utilizado el sentimiento nacionalista para dividir a la sociedad, creando una falsa ilusión de que la independencia es la única solución a los problemas de Cataluña. La independencia no es un camino viable ni legal según la Constitución española, que establece la unidad del país como un principio fundamental.
El movimiento independentista ha tenido un impacto negativo en la economía de Cataluña y en la convivencia social. Durante y después del referéndum ilegal de 2017, muchas empresas decidieron trasladar sus sedes fuera de Cataluña debido a la incertidumbre política y económica. Esto ha debilitado la economía local y ha provocado una pérdida de empleos y oportunidades.
Recordemos también que Cataluña ha sido clasificada como la región más corrupta de España según el informe «Sub-national Quality of Government in EU Member States» de la Universidad de Gotemburgo, apoyado por la Comisión Europea. Este informe, que evalúa la percepción ciudadana sobre imparcialidad, corrupción y calidad de los servicios públicos, sitúa a Cataluña en la peor posición en corrupción y calidad de servicios. La percepción negativa se ve agravada por casos de corrupción históricos como el de Jordi Pujol. La calidad de los servicios también ha empeorado respecto al último informe, y aunque no ocupa el último lugar en imparcialidad, está cerca.
Además, la huida de Puigdemont y su negativa a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones demuestran una falta de respeto hacia el estado de derecho. Un líder que evade la justicia y no asume la responsabilidad de sus actos no debería ser considerado un modelo a seguir. La desobediencia y la malversación de fondos públicos para organizar un referéndum ilegal son graves delitos que no deben ser ignorados.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.