La crisis migratoria en Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico bajo la administración Biden-Harris, especialmente con el alarmante aumento de la violencia relacionada con pandillas como el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que ha comenzado a expandir su influencia en ciudades como Denver y Aurora, Colorado. Este fenómeno no es simplemente un problema local; refleja las fallas de una política migratoria permisiva que ha permitido la entrada masiva de migrantes sin el debido control, exacerbando los problemas de seguridad y orden público en el país.
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta advirtiendo sobre la presencia activa del Tren de Aragua en Denver, una de las ciudades con mayor número de inmigrantes venezolanos. Este grupo, conocido por su implicación en el tráfico de personas, secuestros y asesinatos por encargo, ha sido vinculado a un creciente número de incidentes violentos, incluyendo amenazas directas contra agentes de la ley. Las autoridades locales, tanto en Denver como en Aurora, han tenido que enfrentar este desafío mientras intentan contener el descontrol de la situación.
Colorado Peaks Politics informó:
«El Departamento de Policía de Albuquerque, Nuevo México (APD, por sus siglas en inglés) ha publicado este boletín de seguridad para notificar a las fuerzas del orden público sobre información sobre la organización criminal Tren De Aragua e informes de que los miembros de TDA en Denver han recibido ‘luz verde’ para disparar o atacar a las fuerzas del orden», dice la alerta de Nuevo México.
La pandilla ha sido vinculada a la trata de personas de mujeres inmigrantes, asesinatos por encargo, secuestros, contrabando y robo organizado al menudeo.
No está claro si la advertencia se produjo antes o después de que las autoridades de la vecina Aurora se ocuparan de una fiesta masiva de 4.000 venezolanos que se reunieron el domingo cuando se dieron a conocer los decepcionantes resultados de las elecciones presidenciales del país.
La policía de Denver le dijo a The Gazette que ahora están al tanto de las advertencias, mientras que los funcionarios de Aurora dijeron que están «al tanto de la actividad criminal en propiedades donde hay una alta concentración de residentes que son migrantes venezolanos».
Más de 10 millones de personas han intentado cruzar la frontera durante la administración Biden/Harris, incluidos 800.000 venezolanos.
En Aurora, la situación ha generado un acalorado debate político. Algunos miembros del Consejo Municipal, como la concejal Danielle Jurinsky, han señalado que la presencia de esta pandilla está «tomando el control» de varios complejos de apartamentos en la ciudad. Aunque estas afirmaciones han sido cuestionadas por otros líderes locales, la realidad es que la policía de Aurora ha confirmado la existencia de «cierta influencia» del Tren de Aragua en la zona.
La expansión de grupos criminales como el Tren de Aragua en Estados Unidos no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de una política migratoria que ha permitido la entrada de más de 10 millones de personas desde que Biden asumió el cargo, incluyendo a aproximadamente 800,000 venezolanos. Muchos de estos migrantes huyen de la crisis económica y política en su país, pero junto con ellos, también han cruzado las fronteras elementos criminales que ahora representan una amenaza para la seguridad interna.
La administración Biden-Harris ha tenido un enfoque laxo hacia la inmigración y han socavado los esfuerzos por mantener la seguridad en las fronteras y dentro del país. Este descontrol ha permitido que organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua no solo ingresen al país, sino que también establezcan redes operativas en diversas ciudades, contribuyendo al aumento de la delincuencia y la inseguridad.
Las comunidades locales están pagando el precio de estas políticas. En Aurora, por ejemplo, el cierre de un complejo de apartamentos debido a violaciones graves de seguridad ha sido vinculado indirectamente al auge de la actividad del Tren de Aragua en la zona.
Aunque las autoridades locales han señalado que el cierre se debe principalmente a la negligencia de los propietarios, es imposible ignorar el hecho de que la concentración de inmigrantes venezolanos, algunos de los cuales podrían estar vinculados a esta pandilla, ha exacerbado los problemas.
A medida que estas situaciones se repiten en otras ciudades de Estados Unidos, se hace evidente que la administración actual necesita revisar sus políticas migratorias. La seguridad de los ciudadanos estadounidenses debe ser una prioridad, y esto solo se logrará con un enfoque más firme y controlado sobre quiénes pueden entrar y quedarse en el país.
La creciente influencia del Tren de Aragua en ciudades como Denver y Aurora es un claro indicador de los peligros de una política migratoria descontrolada. Mientras la administración Biden-Harris continúa adoptando un enfoque flexible, las comunidades locales están sufriendo las consecuencias.
Es urgente que se tomen medidas para reforzar la seguridad fronteriza y garantizar que Estados Unidos no se convierta en un terreno fértil para la expansión de organizaciones criminales extranjeras. El futuro de la seguridad nacional depende de ello.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.