Estados Unidos ofrece amnistía a Nicolás Maduro a cambio de reconocer su derrota electoral
Joana Campos 
Washington ha ofrecido a Nicolás Maduro una amnistía, extensible a sus principales colaboradores, para que reconozca la victoria electoral de la oposición y abandone el poder. Esta información, revelada por The Wall Street Journal tras consultar a tres fuentes conocedoras de la negociación, marca un intento de presionar al presidente venezolano en medio de una crisis electoral.
Se trataría de un «intento arriesgado de presionar al presidente venezolano mientras emergen pruebas abrumadoras de que el hombre fuerte perdió las elecciones», reconoce el diario estadounidense, en medio de la represión y persecución puesta en marcha por la revolución bolivariana tras imponer el mayor fraude de la historia de América Latina.
Caracas y Washington hicieron público en julio que habían recobrado las negociaciones que con anterioridad produjeron distintos beneficios al régimen bolivariano, desde la liberación del presunto testaferro de Maduro, el magnate colombiano Alex Saab, así como la desactivación de parte de las sanciones energéticas contra su administración. En paralelo, la Administración de Joe Biden tuteló parte del proceso electoral, desde la celebración de elecciones primarias de la oposición hasta la confirmación de Edmundo González Urrutia como candidato opositor.
Sobre la mesa están los indultos para Maduro (sigue vigente la recompensa de 15 millones de dólares por quien ayude a su detención) y sus principales lugartenientes, «que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia».
Las conversaciones entre Caracas y Washington se retomaron en julio.
El objetivo de las negociaciones actuales es garantizar una transición de poder pacífica en Venezuela, un país sumido en una crisis económica y política profunda. La administración Biden en la desesperada búsqueda de mejorar su imagen a nivel internacional ha tutelado parte del proceso electoral, desde la celebración de elecciones primarias de la oposición hasta la confirmación de Edmundo González Urrutia como candidato opositor.
La oferta de amnistía incluye la eliminación de la recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro y la posible exoneración de sus principales lugartenientes, quienes enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta amnistía pretende facilitar una salida digna para Maduro y sus colaboradores, incentivando así la aceptación de la derrota electoral.
La comunidad internacional ha mostrado una mezcla de escepticismo y apoyo hacia la propuesta de amnistía. El ex funcionario estadounidense Elliott Abrams comparó a Maduro con el antiguo dictador panameño Manuel Noriega, recomendando a Biden ofrecer una amnistía similar. Sin embargo, las negociaciones anteriores con Noriega fracasaron, lo que derivó en una intervención militar de Estados Unidos en Panamá.
Estados Unidos ha tenido un largo historial de intervenciones en América Latina y el Caribe, muchas de las cuales han sido motivadas por intereses políticos y económicos. Este patrón de intervención se ha repetido en varias ocasiones, con resultados diversos. En el contexto de Venezuela, las acciones de Estados Unidos podrían basarse en tácticas anteriores, adaptadas a la situación actual. La administración de Trump impuso sanciones económicas y apoyó abiertamente a la oposición venezolana, buscando desestabilizar el régimen chavista.
Desde principios del siglo XX, Estados Unidos ha intervenido en varios países de América Latina y el Caribe. Ejemplos notables incluyen la intervención en Cuba durante la Guerra Hispanoamericana, la ocupación de Haití y la República Dominicana, y más recientemente, las invasiones de Granada y Panamá. Estas intervenciones han tenido como objetivos principales proteger los intereses económicos estadounidenses, combatir el comunismo y estabilizar gobiernos aliados.
En Gateway Hispanic se ha hablado anteriormente sobre este tema.
El artículo analiza las razones por las cuales una intervención militar en Venezuela ya sea por parte de EEUU o una coalición internacional, es improbable. Se examinan factores legales, como la Ley de Poderes de Guerra de 1973 en EEUU, y el contexto político actual, incluyendo la división del Congreso y las prioridades del gobierno. Además, se exploran antecedentes históricos de intervenciones militares estadounidenses y se discute la improbabilidad de una intervención bajo el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR) o una coalición similar a la de la Guerra del Golfo. Finalmente, se menciona el reconocimiento de Rusia y China a Maduro, lo cual dificulta cualquier mandato de la ONU para intervenir en Venezuela.
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Maduro ha rechazado propuestas similares en el pasado, insistiendo en la soberanía de Venezuela y pidiendo a Estados Unidos que no se entrometa en los asuntos internos del país. En múltiples ocasiones, el presidente venezolano ha exigido “respeto” y ha mantenido una postura desafiante frente a las presiones internacionales.
Luego de calificarla de criminal y anunciar que no la aprobaría, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que realizará una consulta pública para saber qué hacer con la Ley de Amnistía que aprobó esta semana el Parlamento y que permitiría la liberación de varios políticos opositores que se encuentran en prisión.
«Abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos (…) me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado», dijo el mandatario durante un congreso de las filas chavistas.
Un argumento que usa Maduro para rechazar la ley es que esta dejaría en libertad a quienes el gobierno considera como responsables de las 43 muertes que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales de 2014, incluyendo a Leopoldo López, líder del Partido Voluntad Popular, a quien el mandatario achaca buena parte de la responsabilidad de lo ocurrido en 2014, aunque sobre este no pesen acusaciones de homicidio.
La oferta de amnistía llega en un momento crítico para Venezuela. El país ha experimentado una de las mayores crisis económicas de su historia, con una hiperinflación galopante y una escasez de bienes básicos. Además, la situación política ha generado una diáspora masiva, con millones de venezolanos buscando refugio en otros países de la región.
“El colapso económico de Venezuela incluso años antes de que las sanciones internacionales atenazaran al Gobierno de Nicolás Maduro, pero será muy difícil para Venezuela emprender el camino de su total recuperación sin que estas sean suprimidas”, afirma El País.
La posibilidad de una transición de poder pacífica podría abrir la puerta a la recuperación económica y a la restauración de la democracia en Venezuela. Sin embargo, la aceptación de la amnistía por parte de Maduro y su círculo cercano es incierta, dados los antecedentes de rechazo a intervenciones extranjeras.
La oferta de amnistía de Estados Unidos es otro tema, ya que son otros intereses los que mueven a Biden para hacer este movimiento estratégico.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.