Fiscal de Delitos de Odio Propone Prohibir Redes Sociales a Criminales tras Caso de Violencia Verbal en Toledo
Miguel Ángel Aguilar sugiere que el acceso a plataformas digitales sea prohibido para quienes cometan delitos de odio, tras la viralización de mensajes falsos que vinculan a migrantes con el asesinato de un niño en Mocejón.
El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto la identificación obligatoria de usuarios en redes sociales y la prohibición de acceso a quienes cometan delitos de odio, específicamente en casos graves. Esta idea fue presentada durante una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press.
La declaración de Aguilar surge luego de que la Fiscalía confirmara una investigación relacionada con mensajes de odio dirigidos a migrantes, luego de que se difundieran acusaciones falsas sobre su implicación en el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo.
El fiscal argumentó la necesidad de incorporar «perfeccionamientos técnicos» que permitan prohibir la entrada a entornos digitales a quienes utilicen estas plataformas para cometer delitos de odio.
Aguilar consideró que esta prohibición «sería una pena proporcionada y necesaria» para cerrar el acceso a las redes a aquellos que incurren en la difusión de mensajes de odio en situaciones graves.
Además, propuso que todos los usuarios de redes sociales estén «debidamente identificados», sugiriendo que la autoridad judicial debería poder acceder a estas identidades cuando sea necesario. Este planteamiento se basa en la capacidad de identificación que se exige para conducir vehículos.
El fiscal, que lleva la supervisión de una nueva unidad contra delitos de odio, mencionó que las Fuerzas de Seguridad están actualmente recopilando información sobre las publicaciones en redes relacionadas con el caso del niño asesinado.
Aguilar expresó sus condolencias a la familia del niño llamado Mateo y recordó que un delito de odio es una violación penal motivada por prejuicios y rechazo hacia grupos discriminados, citando ejemplos como el racismo y la xenofobia.
Respecto a si los mensajes falsos que imputan el asesinato al colectivo migrante podrían considerarse delitos de odio, Aguilar subrayó que es necesario realizar un análisis profundo antes de hacer una afirmación definitiva.
Al respecto, insistió en la importancia de investigar las identidades de los usuarios que difunden tales mensajes para evaluar su gravedad y el impacto potencial que puedan tener.
En relación con las posibles campañas en redes para criminalizar a migrantes, Aguilar manifestó no estar seguro de la existencia de una estrategia organizada, pero señaló que hay un conjunto sistemático de ataques a grupos vulnerables.
El fiscal también resaltó la importancia de que los poderes públicos implementen medidas diseñadas para proteger a estas comunidades, citando la ley de servicios digitales como un paso crucial.
Aguilar afirmó que la legislación debe contemplar medidas de responsabilidad para plataformas de redes sociales y también abogó por campañas de sensibilización y prevención.
Consultado sobre la posibilidad de que los jueces ordenen la retirada de contenido de odio, el fiscal aclaró que solo se puede hacer en casos criminales y no en situaciones de meramente reprobable.
Al hablar sobre la moderación de contenidos en redes, Aguilar indicó que establecer límites en esta área es complicado, ya que podría afectar derechos constitucionales. No obstante, aboga por crear restricciones basadas en el derecho penal.
Finalmente, el fiscal mostró su indignación ante los ataques recibidos en redes sociales por el portavoz de la familia del niño asesinado, quien había hecho un llamamiento a no criminalizar a ningún grupo étnico. “No tiene palabras la agresión a esa persona”, lamentó.
Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Delitos de Odio, propone medidas drásticas contra la violencia verbal en redes sociales, subrayando la necesidad de identificar a los usuarios y restringir su acceso en casos graves, tras incidentes recientes que han implicado a migrantes en acusaciones infundadas.
