Joana Campos 
En agosto de 2024, el gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la obtención de préstamos por 350 millones de dólares. Este monto, destinado a financiar una serie de proyectos sociales y de infraestructura, se suma a una creciente deuda externa que ha suscitado preocupación en distintos sectores de la sociedad hondureña.
El acuerdo entre Honduras y la CAF incluye varios préstamos destinados a proyectos específicos. Entre ellos, destacan 160 millones de dólares para la carreteraSan Pedro Sula-Occidente, 80 millones de dólares para el programa de Promoción de la Igualdad de género y la inclusión social (IMPRESIONANTE), 70 millones para preinversión e inversión pública, y 40 millones para el apoyo al sector cafetalero mediante el diseño de instrumentos financieros directos y garantías, así como el fortalecimiento institucional del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).
Estos fondos, según las autoridades, están dirigidos a impulsar el desarrollo en áreas claves del país, con un enfoque especial en la inclusión social y el empoderamiento de mujeres y comunidades vulnerables. Al parecer a fortalecer el avance del progresismo en Honduras, hagan sus conclusiones.
Sin embargo, la obtención de estos recursos ha sido posible gracias a la reciente adhesión de Honduras al CAF, proceso que ha estado rodeado de controversias políticas y legales.
A pesar de la oposición de varios partidos en el Congreso Nacional, la administración de Castro impulsó la incorporación del país a esta entidad financiera regional, lo que ya ha generado un compromiso de 468 millones de dólares en pagos para la adquisición de acciones dentro del organismo.
Informó Investing.com el pasado 20 de Agosto:
La carta de entendimiento fue rubricada por el ministro hondureño de Finanzas, Marlon Ochoa, y el presidente ejecutivo del CAF (BME:CAF), Sergio Díaz-Granados, en un acto en Casa Presidencial.
Con la firma del acuerdo «celebramos el fortalecimiento de lazos con una institución de trascendencia para el desarrollo de nuestra región, como es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF», subrayó Ochoa en su discurso.
La incorporación de Honduras al banco regional en noviembre de 2023 marca un «hito importante» para la historia del país, señaló el funcionario, tras afirmar que han «iniciado con buen pie esta relación».
La firma de estos préstamos ocurre en un contexto de creciente endeudamiento para Honduras. Según datos recientes, solo en 2024, el gobierno ha formalizado créditos externos por más de 1,200 millones de dólares. Esta cifra incluye no solo los préstamos de la CAF, sino también otros acuerdos con entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de que el gobierno asegura que estos fondos son esenciales para el desarrollo de infraestructura y otros proyectos críticos, la creciente carga de la deuda está generando preocupación sobre la sostenibilidad financiera del país a largo plazo.
Diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la oposición política, han expresado su preocupación por el impacto de estos préstamos en la economía nacional. Argumentan que, si bien los proyectos financiados pueden ser beneficiosos, la acumulación de deuda puede llevar a una situación insostenible, especialmente si no se gestiona adecuadamente el retorno de la inversión en estos proyectos.
Además, la adhesión al CAF y la consecuente firma de estos acuerdos se han visto empañadas por denuncias de irregularidades en el proceso de aprobación legislativa, lo que ha exacerbado la controversia política.
No obstante, la efectividad de estos programas dependerá en gran medida de su implementación y del manejo transparente de los fondos ¿será que si vayan a tener transparencia?. En un país donde la corrupción ha sido un problema persistente, la vigilancia ciudadana y el seguimiento de la ejecución de estos proyectos serán cruciales para asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y que realmente se generen cambios positivos en las comunidades.
A inicios del presente mes la presidente Xiomara Castro, anunció que su país ya realizó el primer pago al CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, organismo financiero regional al que Honduras se adhirió en julio, pese a que el Parlamento no ratificó el acta de incorporación.
«Ya se mandó el primer pago y por primera vez vamos a ser parte de este banco y la junta de directores en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina», indicó Castro durante un Consejo de Ministros, sin precisar el monto pagado por el país centroamericano.
Honduras tendrá que pagar al CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, también conocido como Corporación Andina de Fomento, 11.500 millones de lempiras (468 millones de dólares) por su incorporación, según información oficial.
El convenio de suscripción entre Honduras y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina fue firmado el 18 de julio de 2022 y regula las condiciones especiales para la adhesión del país, así como la cantidad y forma de pago de las acciones de capital ordinario que adquiera la nación centroamericana, según la Gaceta.
El acuerdo entre Honduras y la CAF para la obtención de 350 millones de dólares en préstamos representa una apuesta significativa del gobierno de Xiomara Castro por financiar proyectos que promuevan el desarrollo social y económico del país. Sin embargo, este movimiento también ha generado preocupaciones sobre el creciente endeudamiento y sus posibles repercusiones a largo plazo.
Mientras los fondos comienzan a desembolsarse y los proyectos se ponen en marcha, será fundamental que las autoridades hondureñas gestionen estos recursos con transparencia y eficacia para garantizar que se traduzcan en beneficios reales para la población. De lo contrario, el riesgo es que estos préstamos se conviertan en una carga financiera que agrave aún más la ya delicada situación económica del país.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.