Un informe de denunciantes revela la alarmante participación de traficantes guatemaltecos en la explotación de menores bajo el programa de reubicación de niños no acompañados. A pesar de que Guatemala representa más del 70% de estos menores, solo el 6% de los inmigrantes indocumentados provienen del país.
Recientes documentos proporcionados por denunciantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sugieren que los traficantes de personas en Guatemala están aprovechando el programa de reubicación de niños no acompañados, instaurado por la administración del presidente Biden. Estos informes, que han llegado al Senado a través del senador Chuck Grassley (R-IA), plantean serias preocupaciones sobre la seguridad de los menores bajo el refugio del gobierno. Según Grassley, HHS ha facilitado colocaciones inseguras, ignorando banderas rojas mientras presionan a los empleados para que coloquen rápidamente a los niños con adultos que, en muchos casos, no son familiares.
La situación es alarmante: un 70% de los menores no acompañados que cruzan la frontera provienen de Guatemala, mientras que los guatemaltecos representan solo el 6% de los inmigrantes indocumentados en total. Los traficantes están utilizando anuncios en estaciones de radio guatemaltecas para convencer a los padres de enviar a sus hijos a EE. UU. con la esperanza de ser acogidos por familiares, cuando en realidad a menudo terminan en manos de explotadores.
Un joven guatemalteco de 16 años relató cómo su padre pagó a un traficante $2,500 para que lo llevara a Estados Unidos tras responder a un anuncio de radio. Fue colocado con un extraño que se hizo pasar por su primo en un intento por encubrir la situación. Casos similares han emergido, evidenciando cómo algunos «patrocinadores» no son más que cómplices en la red de tráfico.
Un caso desgarrador involucra a una adolescente que fue colocada con un hombre de 25 años que alegó ser su hermano. Sin embargo, sus cuentas de redes sociales contenían imágenes perturbadoras y hasta pornográficas. La falta de verificación de identidad y la supervisión inadecuada han contribuido a esta crisis.
Grassley ha indicado que la administración Biden ha exigido un proceso acelerado de reubicación, lo que lleva a la rápida liberación de menores a manos de patrocinadores poco verificables. Se ha denunciado que un hombre utilizó múltiples direcciones para gestionar a un grupo de niños, sugiriendo una posible maniobra de tráfico laboral.
El informe de los denunciantes menciona direcciones con múltiples banderas rojas, donde, a pesar de que HHS tenía conocimiento de irregularidades, continuaron colocando niños en estos entornos inseguros. Uno de los hombres había asumido la custodia de seis niños, que, según él, eran suyos, aunque sus documentos eran contradictorios.
En un hallazgo escalofriante, se reportó que algunos patrocinadores alteran sus nombres y direcciones para evitar ser rastreados, demostrando la organización criminal detrás de este tráfico infantil. Al menos 64 niños fueron colocados en un hogar con 11 banderas rojas, donde el patrocinador había mentido sobre sus circunstancias.
La administración ha sido criticada por no utilizar tecnologías de ADN para verificar las relaciones entre los patrocinadores y los menores, eludiendo así una herramienta crucial para combatir el tráfico humano (Fuente: CNN, https://www.cnn.com). A pesar de las advertencias, muchos de estos menores quedan fuera del radar del gobierno, con al menos 85,000 niños desaparecidos en 2021, un número que podría haber aumentado.
Recientemente, la administración detuvo temporalmente un programa similar destinado a migrantes adultos tras un informe que evidenció que los patrocinadores mentían de manera rutinaria (Fuente: USA Today, https://www.usatoday.com). Con estas preocupantes revelaciones, la cuestión de la seguridad de los menores no acompañados sigue siendo un tema candente en el debate migratorio y los derechos humanos.
Los denunciantes afirman que el relajamiento de las políticas migratorias por parte de la administración Biden ha facilitado una operación organizada de tráfico infantil en Guatemala, exponiendo a miles de menores a situaciones peligrosas y potencialmente letales.