La Iglesia Católica en Nicaragua: Faros de Resistencia ante la Represión de Ortega
Joana Campos 
En un acto que refleja el auge de la represión religiosa en Nicaragua, el régimen autoritario de Daniel Ortega ha expulsado recientemente a siete sacerdotes católicos hacia el Vaticano. Esta medida ha sido condenada por la comunidad internacional y pone de manifiesto la valentía de la Iglesia Católica en su lucha por la justicia y los derechos humanos en un entorno cada vez más hostil.
Desde las protestas masivas de 2018, la Iglesia Católica se ha convertido en un blanco constante para el régimen de Ortega. La respuesta del gobierno a las manifestaciones pacíficas, que inicialmente se oponían a reformas en el sistema de seguridad social, se transformó rápidamente en una brutal represión de cualquier forma de disidencia. La Iglesia, en su papel de mediadora y refugio durante las crisis, se enfrentó a la ira de Ortega, quien la acusó de conspirar para derrocar a su gobierno.
Vatican News reportó:
Del grupo de sacerdotes detenidos en Nicaragua, siete fueron exiliados este miércoles 7 de agosto y enviados a Roma, donde llegaron el jueves por la tarde. Los sacerdotes son Víctor Godoy, Jairo Pravia, Silvio Romero, Edgar Sacasa, Harvin Torres, Ulises Vega y Marlon Velázquez.
La información fue confirmada el mismo día por la tarde por el gobierno de Nicaragua en un comunicado de prensa que decía: «Siete sacerdotes nicaragüenses han salido de Nicaragua hacia Roma, Italia». Los sacerdotes pertenecen a las diócesis de Matagalpa y Estelí, y estaban detenidos en el Seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua.
Según los medios nicaragüenses, el administrador de la Diócesis de Estelí, el padre Frutos Valle, quien fue detenido el 26 de julio, no se encontraba entre los expulsados del país.
Esta es la quinta vez que Nicaragua exilia grupos de sacerdotes: en octubre de 2022 y febrero de 2023 varios sacerdotes fueron enviados a Estados Unidos; en octubre de 2023 y enero de 2024, otros dos grupos de sacerdotes, junto con dos obispos —Rolando Álvarez e Isidoro Mora— fueron enviados a Roma.
La detención arbitraria de sacerdotes y la violencia contra figuras religiosas se han convertido en tácticas habituales del régimen para silenciar a una de las pocas voces que se atreven a desafiar su autoridad. En este contexto, la reciente expulsión de los sacerdotes al Vaticano es vista no solo como un ataque a la Iglesia, sino también como una afrenta a los valores fundamentales de libertad y justicia que esta representa. El Vaticano no ha revelado detalles sobre la negociación que llevó a la liberación de este tercer grupo de sacerdotes del régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
A pesar del riesgo personal y las amenazas constantes, muchos sacerdotes nicaragüenses han mantenido su compromiso con la verdad y la justicia. Estos líderes religiosos han jugado un papel crucial en documentar y denunciar los abusos del gobierno, brindando apoyo espiritual y material a las víctimas de la represión estatal.
El caso del obispo Rolando Álvarez es emblemático de esta resistencia. Conocido por su defensa inquebrantable de los derechos humanos, Álvarez ha sido una espina constante en el costado de Ortega, lo que le ha valido hostigamiento y arresto. Su destierro del país junto con otros sacerdotes es un testimonio de su valentía y dedicación a su misión.
Diariopanorama informó: El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un fuerte crítico del Gobierno de Daniel Ortega, fue arrestado la madrugada de este viernes 19-A por agentes policiales que irrumpieron a la fuerza en la curia episcopal de Matagalpa (norte), donde estaba confinado desde hacía 15 días.
Eran las 3.20 hora local (09.20 GMT) cuando la Diócesis de Matagalpa alertó a través de sus redes sociales que en ese momento agentes policiales estaban ingresando a “nuestra Curia Episcopal” a llevarse a Álvarez, de 55 años, el primer obispo arrestado desde que el sandinista Ortega retornó al poder en 2007.
Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte nicaragüense, es acusado por la Policía de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento no han ofrecido pruebas.
El obispo fue detenido junto a 7 de sus colaboradores: 4 sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, quienes permanecían confinados en el Palacio Episcopal de Matagalpa desde el 4 de agosto pasado, que estaba sitiado por fuerzas policiales.
“Preocupémonos por llevar el traje de fiesta en el Reino de Dios”, publicó Álvarez en Twitter, horas antes de ser capturado.
En una declaración, la Policía confirmó que “la madrugada de hoy (viernes) se realizó, en las instalaciones de la Casa-Curia de la ciudad de Matagalpa, un operativo que permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas”.
“Durante varios días se esperó con mucha paciencia, prudencia, y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa, que nunca llegó a darse y que, al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, hizo necesario el citado operativo de orden público”, indicó.
La expulsión de los sacerdotes ha provocado una ola de condenas a nivel mundial. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y líderes religiosos han criticado duramente las acciones de Ortega, calificándolas de violaciones flagrantes de la libertad religiosa y los derechos humanos.
El Papa Francisco ha expresado su preocupación por la situación en Nicaragua, destacando la importancia de proteger a los líderes religiosos y sus comunidades. Sin embargo, el Vaticano enfrenta un dilema diplomático al intentar equilibrar el apoyo a sus clérigos con el mantenimiento de relaciones con el régimen nicaragüense.
Por su parte, países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han impuesto sanciones al gobierno de Ortega, buscando presionar al régimen para que detenga su campaña de represión y libere a los presos políticos. Estas acciones reflejan un esfuerzo internacional coordinado para responsabilizar a Ortega por sus abusos y apoyar al pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad.
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La represión contra la Iglesia Católica ha tenido un efecto devastador en la sociedad nicaragüense. En un país donde la fe juega un papel central en la vida cotidiana, el ataque a la Iglesia es percibido como un ataque a la comunidad misma. Los ciudadanos, enfrentando una economía en declive y un régimen cada vez más autoritario, encuentran en la Iglesia un pilar de apoyo y resistencia.
A pesar del clima de miedo, la Iglesia sigue siendo un faro de esperanza para muchos nicaragüenses. Los líderes religiosos continúan ofreciendo asistencia a los necesitados, defendiendo a los perseguidos y promoviendo el diálogo como una solución a la crisis política del país.
La valentía de los sacerdotes expulsados es un recordatorio del poder de la resistencia pacífica frente a la opresión. A lo largo de la historia, la Iglesia ha jugado un papel crucial en movimientos por la justicia social, y Nicaragua no es la excepción. Su compromiso con los valores de dignidad humana y justicia sigue inspirando a aquellos que luchan por un cambio positivo.
La comunidad internacional tiene un papel importante en apoyar a la Iglesia y al pueblo nicaragüense en esta lucha. Las acciones coordinadas para sancionar al régimen de Ortega y proporcionar asistencia espiritual a los afectados son esenciales para mantener la presión y promover una resolución pacífica de la crisis.
La expulsión de los sacerdotes nicaragüenses al Vaticano es un capítulo más en la larga historia de represión del régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, también es un testimonio de la valentía y la resistencia de aquellos que se niegan a ceder ante la tiranía. A medida que Nicaragua enfrenta uno de los periodos más oscuros de su historia reciente, la Iglesia Católica sigue siendo una luz de esperanza y un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia.
La comunidad internacional debe seguir apoyando a la Iglesia y al pueblo nicaragüense en su búsqueda de un futuro mejor, donde los derechos humanos sean respetados y donde la fe pueda florecer sin temor a la persecución.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.