Puerto Rico Censura a Maduro y Exige Transparencia Electoral en Venezuela
Joana Campos 
La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una resolución que censura al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reclama transparencia en los recientes comicios de Venezuela. Esta acción, que resuena más allá de las fronteras de la isla, representa un llamado a la protección de la democracia y los derechos humanos en América Latina.
El pasado 28 de julio, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales que culminaron en la reelección de Maduro con el 51.95% de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. No obstante, estas elecciones fueron ampliamente criticadas tanto a nivel nacional como internacional, con múltiples denuncias de fraude electoral.
La Cámara de Puerto Rico respondió a estas irregularidades con la aprobación de la Resolución 1189, que condena las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Maduro y exige un proceso electoral transparente en Venezuela.
La decisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico es notable por varias razones. Puerto Rico, al ser un territorio no incorporado de Estados Unidos, normalmente no participa en la política exterior, ya que esta es prerrogativa del gobierno federal en Washington. Sin embargo, la situación en Venezuela y la relación histórica entre Puerto Rico y los movimientos democráticos en América Latina motivaron a los legisladores puertorriqueños a tomar una postura firme.
Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, presidente de la Cámara, expresó en un comunicado que la resolución es una respuesta a la falta de libertad y transparencia en las elecciones venezolanas, un asunto que Puerto Rico no podía ignorar debido a su proximidad geográfica y la relación histórica con la región.
En sus palabras, «es lamentable que tan cerca de nosotros esté ocurriendo un proceso democrático que no le permite a la gente del pueblo venezolano expresarse libremente y nosotros no nos podemos quedar callados».
La Resolución 1189 no solo censura a Maduro, sino que también reconoce a Edmundo Gonzalez Urrutia como el verdadero ganador democrático del evento electoral.
Esta declaración se enmarca en un contexto de crecientes tensiones políticas y sociales en Venezuela, donde el régimen de Maduro ha sido acusado repetidamente de manipular las instituciones para mantenerse en el poder.
La resolución también incluye una enmienda que exige la protección de la voluntad democrática del pueblo venezolano y reclama una transición ordenada para que González Urrutia asuma el mandato presidencial. Este gesto es más que simbólico; es una manifestación de apoyo a la oposición venezolana y un rechazo rotundo a la dictadura de Maduro.
La censura a Maduro por parte de Puerto Rico se suma a una serie de críticas internacionales al régimen venezolano. Organizaciones como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y varias ONGs han denunciado las elecciones en Venezuela como fraudulentas y han llamado a la comunidad internacional a no reconocer los resultados.
En este contexto, la resolución de Puerto Rico no solo es un acto de solidaridad, sino también un llamado a la comunidad internacional para que presione por la transparencia electoral y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La transparencia en los procesos electorales es fundamental para la legitimidad de cualquier gobierno, y la falta de esta puede llevar a una crisis de gobernabilidad, como la que actualmente enfrenta Venezuela.
La resolución de Puerto Rico podría tener un impacto significativo en la región, al fortalecer la oposición a Maduro y aumentar la presión internacional para que se realicen reformas democráticas en Venezuela. A medida que más países y organizaciones se pronuncian en contra del régimen de Maduro, crece la posibilidad de que se produzca un cambio político en Venezuela.
No obstante, el camino hacia la democracia en Venezuela es largo y lleno de desafíos. La comunidad internacional debe continuar presionando por elecciones libres y justas, mientras apoya a la sociedad civil y a la oposición en sus esfuerzos por restaurar la democracia en el país.
La censura de Puerto Rico a Nicolás Maduro y el llamado a la transparencia electoral en Venezuela representan un acto valiente de solidaridad con el pueblo venezolano.
A pesar de las limitaciones impuestas por su estatus político, Puerto Rico ha demostrado que la defensa de la democracia y los derechos humanos no conoce fronteras. Esta resolución es un recordatorio de la importancia de la transparencia electoral y del papel que las naciones y territorios de todo el mundo pueden desempeñar en la promoción de la democracia y la justicia.
El futuro de Venezuela depende en gran medida de la presión internacional y del apoyo a las fuerzas democráticas dentro del país. La resolución de Puerto Rico es un paso en la dirección correcta, y es esencial que la comunidad internacional siga su ejemplo y continúe abogando por un cambio democrático en Venezuela.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.