Argentina emite orden de captura contra Maduro: Tensión diplomática con Venezuela crece
Joana Campos 
La causa contra el régimen de Maduro fue impulsada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), un colectivo integrado por políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos que desde inicios de 2023 buscaba justicia para las víctimas del chavismo refugiadas en Argentina.
Este grupo considera que los crímenes cometidos en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, como secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, no deben quedar impunes.
Según medios locales, el tribunal argentino, tras escuchar los testimonios de las víctimas, calificó los actos del régimen venezolano como un «plan sistemático» para reprimir a la oposición y silenciar voces críticas.
Esta acusación no es nueva, ya que diversas organizaciones internacionales han documentado abusos similares en Venezuela, incluidos informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de Amnistía Internacional.
La decisión de la Justicia argentina se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, el cual permite procesar a individuos responsables de crímenes atroces, como genocidios, torturas o crímenes de lesa humanidad, sin importar el lugar donde ocurrieron. Este principio ha sido clave en casos históricos como la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998, solicitado por España por crímenes cometidos en Chile.
En el caso de Maduro y Cabello, el tribunal argentino ha optado por aplicar este mismo principio, buscando un camino hacia la justicia para las víctimas venezolanas, más allá de las fronteras.
Sin embargo, esta decisión también podría sentar un precedente peligroso en términos de soberanía estatal, ya que otros gobiernos podrían usar el mismo recurso para perseguir líderes políticos extranjeros, bajo pretextos más ambiguos o puramente políticos.
Como era de esperarse, la respuesta de Venezuela no se hizo esperar. El régimen chavista, liderado por el fiscal general Tarek William Saab, emitió a su vez órdenes de detención contra el presidente argentino Javier Milei, acusándolo de «robo agravado» por la entrega de un avión venezolano a Estados Unidos en 2023.
Esta aeronave, un Boeing 747-300 de la aerolínea estatal Emtrasur, había sido confiscada por las autoridades argentinas en 2022 bajo sospechas de estar vinculada a actividades terroristas.
Saab, en una rueda de prensa, calificó a Milei como «fascista neonazi» y «ladrón robaaviones», y aseguró que la entrega del avión «no puede quedar impune». Esta retórica inflamatoria no es inusual en el régimen chavista, que ha acusado repetidamente a gobiernos extranjeros de conspirar contra Venezuela, especialmente aquellos que critican abiertamente el proceso electoral y las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también anunció que su país también tomaría medidas legales, designando a un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos» para investigar tanto al presidente argentino Javier Milei como a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”
Saab dio declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV:
“Esto, en las próximas horas, tendrá sus consecuencias en un tribunal competente acá en Venezuela con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectos organismos competentes, porque eso no puede quedar impune”
La política exterior de Javier Milei ha tomado un giro brusco en comparación con la administración anterior de Alberto Fernández, quien, si bien mantuvo una posición crítica hacia el chavismo, evitó confrontaciones directas con Maduro.
Milei, por su parte, ha sido un crítico vehemente del régimen venezolano, acusando a Maduro de dictador y de haber manipulado las elecciones para mantenerse en el poder .
Además de la entrega del avión a Estados Unidos, Milei ha liderado una serie de acciones diplomáticas que incluyen ofrecer refugio a asesores de la oposición venezolana en la embajada de Argentina en Caracas, así como la expulsión de diplomáticos venezolanos en Buenos Aires.
Estas medidas buscan presionar al régimen de Maduro a través de sanciones y aislamiento diplomático.
Las tensiones entre Argentina y Venezuela podrían tener un impacto significativo en la política regional. Por un lado, países como Colombia y Brasil, que han adoptado posturas más moderadas, podrían verse presionados a elegir un bando en este conflicto diplomático.
Por otro lado, la creciente influencia de potencias extranjeras como Rusia y China, aliadas de Venezuela, podría agudizar aún más la polarización en la región.
La orden de captura contra Maduro y Cabello emitida por Argentina plantea una pregunta crucial: ¿es posible que estos líderes sean finalmente llevados ante la justicia? A pesar de los avances en la jurisdicción universal, la realidad es que, sin la cooperación de Venezuela y otros países aliados, es poco probable que Maduro sea arrestado y juzgado fuera de su país.
Sin embargo, esta medida es un paso importante en la lucha contra la impunidad de los dictadores y envía un mensaje claro: los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo, independientemente de las fronteras.
La confrontación entre Argentina y Venezuela no es solo una disputa diplomática más; es el reflejo de una batalla por los valores fundamentales de la libertad y la democracia en América Latina. ¿Será capaz la comunidad internacional de hacer cumplir la justicia?
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.