En un mundo donde las decisiones parecen venir desde los niveles más altos de las organizaciones internacionales, el gobierno de Javier Milei ha dado un paso importante al desvincularse de la Agenda 2030 y el llamado «Pacto del Futuro».
Este movimiento ha resonado en la esfera política mundial como una defensa clara de la soberanía nacional frente al creciente poder de los organismos globales.
La Agenda 2030, aprobada en 2015 por la Asamblea General de la ONU, es un conjunto de 17 objetivos y 169 metas que supuestamente buscan guiar a los países, según ellos, hacia el “desarrollo sostenible”.
Estos objetivos incluyen desde la “erradicación” de la pobreza hasta la protección del medio ambiente, la igualdad de género y la educación de calidad.
Aunque en apariencia parece un esfuerzo noble, la realidad muestra que es una agenda plagada de imposiciones nocivas para la humanidad que muchos países no votaron ni debatieron democráticamente.
Las decisiones de la Agenda 2030 no se discutieron abiertamente en muchos parlamentos, y los ciudadanos de a pie no tuvieron voz en las medidas que afectarían directamente sus vidas, es una IMPOSICIÓN planeada por Organizaciones Mundiales.
La propia resolución 70/1 de la ONU declara que la agenda es «universal, integral e indivisible», lo que implica que es de carácter obligatorio para todos los países, sin importar si están de acuerdo o no.
Este aspecto ha sido señalado por críticos de todo el mundo como una clara violación a los principios de soberanía nacional. La idea de que una pequeña élite globalista puede imponer objetivos de desarrollo a miles de millones de personas sin consultarles es, en palabras del economista Friedrich Hayek, un acto de arrogancia desmedida.
En últimas noticias la ONU ha adoptado la nueva Agenda 2045, una actualización de la Agenda 2030 que incluye nuevos enfoques, como la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial. También abarca temas como la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, los derechos humanos, la igualdad de género, el indigenismo y la gobernanza global.
Este nuevo pacto busca extender los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) hasta el año 2045, introduciendo además varios puntos polémicos.
Entre los elementos más destacados se encuentran la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA), así como medidas para abordar temas relacionados con la igualdad de género, el cambio climático y el reconocimiento de los derechos indígenas.
Uno de los principales cambios es la adopción del «Pacto Digital Global», que propone regular las redes sociales para acabar con el anonimato y controlar lo que se considera «discurso de odio», esto me suena a REPRESIÓN en la libre expresión.
Además, la regulación de la IA busca evitar que estas tecnologías amenacen la democracia y los derechos humanos.
La agenda también condiciona el financiamiento internacional al cumplimiento de los ODS, lo que refuerza la dependencia de los países en relación a organismos como el FMI y el Banco Mundial.
Otra novedad es la reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU, que incluirá un nuevo miembro por continente, ampliando así su composición.
Finalmente, se refuerzan los compromisos ecológicos, como el impuesto global al carbono y una transición hacia energías renovables para el 2045, lo que implicará fuertes costos económicos y sociales, particularmente para los países en desarrollo.
Un buen análisis de este cambio en la Agenda 2030, ahora ya mas reforzada, la hace Horacio Giusto:
Argentina rompe con el «Pacto del Futuro»
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El «Pacto del Futuro», que busca reemplazar a la Agenda 2030 en los próximos años, no es más que una nueva capa en esta estrategia globalista. Ante esta realidad, el gobierno de Javier Milei ha decidido no participar en este nuevo pacto, argumentando que su enfoque no beneficia al pueblo argentino.
Argentina se convierte así en uno de los pocos países que abiertamente desafía a la ONU y a las organizaciones globales que impulsan estos pactos internacionales. Esto refuerza la postura de Milei de proteger los intereses nacionales por encima de los intereses globales.
En un momento donde la ONU busca imponer nuevas regulaciones sobre áreas clave como las redes sociales, la inteligencia artificial y la gobernanza global, Milei demuestra una firmeza ejemplar al oponerse a estas imposiciones que atentan contra los intereses y la libertad de los argentinos.
Su postura no solo protege la autonomía de Argentina, sino que envía un claro mensaje al mundo: los países tienen el derecho y el deber de decidir su propio destino sin someterse a las directrices de burócratas no elegidos
Uno de los puntos más críticos en la Agenda 2045 es su enfoque en la sostenibilidad ambiental, que en la práctica se ha traducido en una mayor injerencia de las organizaciones globales en la gestión de los recursos naturales de las naciones.
Países como México desgraciadamente ya han comenzado a alinearse con esta agenda, adoptando proyectos de explotación de recursos bajo la mirada atenta de estas organizaciones. En este sentido, esta agenda se ha convertido en un mecanismo para controlar los recursos minerales y energéticos de las naciones.
En Argentina, la explotación de recursos como el litio y otros minerales críticos es un tema de gran relevancia. La desvinculación del «Pacto del Futuro» permite a Argentina mantener un mayor control sobre sus recursos, en lugar de someterse a las reglas impuestas desde fuera.
Al final del día, la Agenda 2045 y sus sucesores no son solo estrategias políticas, sino grandes negocios de CONTROL (Control de natalidad, control de doctrina, control de recursos naturales, control de libertad de expresión).
El control sobre los recursos, la implementación de tecnologías «verdes» y las políticas de sostenibilidad ofrecen oportunidades lucrativas para grandes corporaciones y gobiernos que buscan aumentar su control y poder.
El rechazo de Argentina a la Agenda 2030 y al «Pacto del Futuro» es un ejemplo contundente de cómo una nación puede resistir el avance del globalismo y proteger su soberanía.
A medida que nos acercamos a 2030, es probable que más países comiencen a cuestionar estas agendas impuestas desde fuera y busquen caminos alternativos que prioricen los intereses de sus propios ciudadanos.
En lugar de aceptar pasivamente las imposiciones de organizaciones internacionales, es hora de que las naciones del mundo recuperen el control sobre su futuro. La decisión de Javier Milei es un paso en la dirección correcta, y quizás inspire a otros líderes a hacer lo mismo.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.