Comparación de las reformas judiciales en Bolivia y México: Lecciones y advertencias
Joana Campos 
La reforma judicial es un tema clave en las democracias latinoamericanas, pues impacta directamente en la independencia y funcionalidad del poder judicial. En este contexto, Bolivia y México han tomado iniciativas para democratizar la elección de jueces y magistrados, con el objetivo de reducir la influencia política y garantizar la justicia. Sin embargo, los resultados y las críticas de cada país varían significativamente, lo que ofrece lecciones cruciales para México a la luz de la experiencia boliviana.
Contexto político y la implementación de la reforma
En 2011, Bolivia se convirtió en el primer país en el mundo en donde los jueces y magistrados son elegidos mediante voto popular. Este modelo, impulsado por el entonces presidente Evo Morales, buscaba democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites políticas y económicas sobre los jueces. Bajo esta reforma, los magistrados de instituciones clave como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional son seleccionados por el voto ciudadano.
Por otro lado, en México se ha propuesto una reforma judicial similar. Esta pretende que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como magistrados de tribunales federales y el Tribunal Electoral, sean elegidos mediante votación popular. Si bien esta reforma es vista como un paso importante para reducir la influencia del Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial, también ha generado grandes preocupaciones sobre la politización del sistema judicial. En Gateway hispanic anteriormente habíamos informado sobre el tema:
Proceso de selección de candidatos
En Bolivia, los candidatos a jueces son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se eligen listas basadas en criterios de mérito y experiencia. Sin embargo, estas listas han sido acusadas de estar controladas por el partido en el poder, lo que limita la independencia judicial que se pretendía fomentar con esta reforma.
Además, a los candidatos se les prohíbe realizar campañas políticas extensas, lo que reduce su visibilidad pública y limita la capacidad del electorado de tomar decisiones informadas. OJO AQUÍ MEXICANOS!
México enfrenta desafíos similares. La reforma eliminó el tradicional sistema de carrera judicial, lo que ha suscitado preocupaciones sobre cómo se determinarán las candidaturas y quiénes controlarán este proceso. La propuesta establece que los candidatos serán seleccionados por los tres poderes del gobierno y luego sometidos a votación popular.
La falta de claridad sobre la preselección de candidatos y la influencia que podrían tener los partidos políticos plantea serias dudas sobre la independencia del proceso.
Transparencia y legitimidad
La experiencia boliviana ha demostrado que la elección popular de jueces no necesariamente garantiza la transparencia o legitimidad en el sistema judicial. En las primeras elecciones judiciales en Bolivia, los altos porcentajes de votos nulos y en blanco reflejaron la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema. Además, el control partidista sobre las listas de candidatos ha comprometido la independencia del poder judicial y ha dejado abierta la puerta a la corrupción.
En México, los opositores a la reforma temen que ocurra algo similar. Si los jueces son seleccionados previamente por actores políticos, existe el riesgo de que estos no representen los intereses de la justicia, sino los de quienes los nominaron. También se teme que la elección de jueces por voto popular, sin la necesaria formación jurídica por parte de los votantes, podría debilitar el sistema judicial y hacerlo susceptible a la manipulación política.
Impacto en el sistema judicial
Bolivia, tras más de una década de implementar el voto popular para elegir jueces, sigue enfrentando problemas de corrupción y falta de eficiencia en su sistema judicial. Las críticas al modelo boliviano señalan que, aunque la reforma buscaba reducir la influencia de las élites y mejorar la administración de justicia, en la práctica no ha logrado cumplir estos objetivos.
En México, los críticos de la reforma advierten sobre la posibilidad de que una mayor politización del sistema judicial afecte la certeza jurídica, un aspecto clave para la estabilidad económica y las inversiones extranjeras.
Al tener jueces que podrían ser electos en función de su popularidad en lugar de su experiencia y conocimiento técnico, existe un riesgo significativo de que las decisiones judiciales se inclinen hacia el populismo en lugar de seguir una interpretación imparcial de la ley.
Participación ciudadana y riesgos
Uno de los mayores desafíos que enfrentan tanto Bolivia como México en sus reformas judiciales es la baja participación ciudadana. En Bolivia, aunque el voto es obligatorio, muchos ciudadanos han optado por anular su voto o votar en blanco, reflejando una falta de confianza en el sistema. La complejidad de los temas judiciales y la falta de información clara sobre los candidatos han sido factores determinantes en esta desconfianza.
En México, se espera que los ciudadanos enfrenten problemas similares. Con más de 1,600 vacantes judiciales por llenar y múltiples candidatos para cada posición, existe una preocupación sobre la capacidad del electorado para tomar decisiones informadas. Además, se teme que el proceso electoral pueda abrir la puerta a la infiltración del crimen organizado, que podría intentar influir en la elección de jueces a su favor.
La reforma judicial en Bolivia ofrece lecciones valiosas para México. Si bien el objetivo de democratizar el poder judicial es loable, la experiencia boliviana muestra que la elección popular de jueces no es una solución sencilla ni infalible. Los riesgos de politización, falta de independencia y corrupción son altos, y estos deben ser considerados cuidadosamente antes de implementar una reforma tan radical en México.
Trending: October 12: Celebrating Hispanic Heritage as a Cultural Bridge for the United States and Beyond
La clave está en garantizar que cualquier proceso de selección de jueces esté libre de influencias políticas y que los ciudadanos estén suficientemente informados para tomar decisiones responsables. Sin estas salvaguardas, México podría enfrentar los mismos problemas que Bolivia: un sistema judicial debilitado, vulnerable a la corrupción y alejado de su función original de impartir justicia de manera imparcial.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.