El sector de la frontera norte de EEUU establece nuevos récords de detenciones de inmigrantes ilegales.
Joana Campos 
La frontera norte de Estados Unidos, tradicionalmente menos vigilada en comparación con la frontera sur, ha experimentado un aumento sin precedentes en la inmigración ilegal en los últimos meses. Este fenómeno pone de manifiesto serias preocupaciones sobre la seguridad fronteriza bajo la administración Biden-Harris. El Sector Swanton de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha reportado un aumento significativo en las detenciones de migrantes ilegales provenientes de diversos países, lo que cuestiona la eficacia de las políticas migratorias actuales.
En menos de diez meses del año fiscal 2023, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Swanton han detenido a más de 15,000 extranjeros de 85 países diferentes que ingresaron ilegalmente a los EE. UU. desde Canadá. Este es el mayor volumen de detenciones registrado en la historia del sector en un período tan corto. En comparación, durante todo el año fiscal 2021, el mismo sector reportó solo 365 detenciones por cruce ilegal, lo que representa un aumento exponencial en solo dos años.
Este aumento en las detenciones no solo refleja un cambio en los patrones migratorios sino también en la capacidad del Sector Swanton para enfrentar estos desafíos. Según Robert Garcia, jefe de la Patrulla del Sector Swanton, el número total de detenidos en este año fiscal ya ha superado las detenciones realizadas en los últimos 13 años fiscales combinados (del año fiscal 2011 al 2023). Esta cifra es alarmante y subraya la necesidad de un enfoque más firme y efectivo en la gestión de la seguridad fronteriza.
Históricamente, la frontera norte de Estados Unidos ha sido menos susceptible al cruce ilegal en comparación con la frontera sur. Sin embargo, el reciente aumento en las detenciones sugiere que los inmigrantes ahora ven la frontera con Canadá como una vía viable para ingresar a los EE. UU. De hecho, los 15,000 migrantes detenidos en el Sector Swanton equivalen a 15 batallones del ejército de EE. UU., lo que indica la magnitud del problema.
La gran mayoría de estos inmigrantes son ciudadanos de países como Afganistán, China, Haití, México y muchos otros. Estos migrantes han llegado a Canadá con la intención explícita de cruzar a los EE. UU. de manera ilegal, lo que destaca la necesidad de una mayor colaboración entre los Estados Unidos y Canadá para abordar este problema creciente.
Just the News informó:
Los extranjeros que ingresan ilegalmente a EE. UU. desde Canadá, solo en el Sector Swanton, son ciudadanos de Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Anguila, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, Brasil, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, la República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Kazajistán, Kosovo, Liberia, Lituania, Mauritania, México, Marruecos, Nepal, Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Portugal, Rumanía, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Senegal, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Siria, Taiwán, Togo, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam y Zimbabue, según datos del Sector Swanton.
A pesar del evidente aumento en los cruces ilegales, la administración Biden-Harris ha insistido en que las fronteras de EE. UU. son seguras y que las cifras de inmigración han disminuido en comparación con la administración anterior. No obstante, estos reclamos han sido verificados como falsos por varios informes, incluidos los de The Center Square.
Bajo la administración Biden-Harris, ha habido un enfoque en suavizar ciertas políticas migratorias, lo que algunos argumentan ha enviado señales de “fronteras libres” a inmigrantes. La falta de políticas claras y efectivas ha llevado a un aumento en el cruce ilegal, no solo en la frontera sur, sino también en la norte.
Los residentes de áreas fronterizas, como Derby, Vermont, han reportado un aumento en las actividades ilegales a todas horas del día. Los extranjeros ilegales son vistos cruzando por sus propiedades, lo que ha generado una sensación de inseguridad y preocupación entre los habitantes locales. Los agentes de la Patrulla Fronteriza han advertido a los residentes que no interfieran con los migrantes debido a la posibilidad de que estén armados y sean peligrosos.
Además de la inmigración ilegal, hay una creciente preocupación por las amenazas terroristas en la frontera norte. Desde el año fiscal 2021, casi 1,100 terroristas conocidos o sospechosos han sido detenidos intentando ingresar a los EE. UU. desde Canadá. A nivel nacional, el número total de terroristas detenidos ha superado los 1,700, el número más alto registrado en la historia reciente. Estos datos subrayan la necesidad urgente de reforzar la seguridad fronteriza para prevenir posibles amenazas a la seguridad nacional.
El aumento de la inmigración ilegal en la frontera norte y las crecientes preocupaciones de seguridad requieren una acción inmediata y decidida por parte de la administración Biden-Harris. Esto incluye la implementación de políticas más estrictas y colaborativas con Canadá, así como una mayor inversión en recursos para la Patrulla Fronteriza y la CBP.
La situación actual no solo afecta la seguridad nacional sino también la integridad de las comunidades fronterizas que enfrentan el impacto directo de esta crisis. Es crucial que la administración reconozca la magnitud del problema y actúe en consecuencia para garantizar que las fronteras de los Estados Unidos sean seguras.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.