«Eso es ilegal»: ciudad de EE.UU. cita motivo preocupante para préstamo «de emergencia» de 70 millones de dólares
Joana Campos 
«Nuestros líderes quieren nuestro dinero, pero no nuestro voto. Están tratando de aprovecharse de lagunas legales para cargar a sus propios electores con decenas de millones de dólares de deuda, despojando sistemáticamente de poder a la gente ignorando las leyes y distorsionando sus verdades».
Los funcionarios de la ciudad de Payson, en Arizona, decidieron pedir prestados 70 millones de dólares y usarlos para varios proyectos que desean, y lo llamaron una «emergencia», una medida que priva a los residentes de un plazo constitucional para oponerse, simplemente porque piensan que las tasas de interés podrían subir.
Y puede que sí. O puede que no.
Pero la maniobra ha desencadenado una demanda contra la ciudad, sus funcionarios y sus acciones.
Según el caso presentado por el Instituto Goldwater, la venta de bonos fue descrita como una “emergencia” para evitar que los residentes tuvieran la oportunidad de organizar un referéndum y una oposición.
«Eso es ilegal y el Instituto Goldwater está buscando alivio inmediato en forma de una orden de restricción temporal y un mandato preliminar antes de que se cierre la venta de bonos y sea demasiado tarde», informó la organización.
“La Constitución y el estatuto de Arizona garantizan el derecho popular al referéndum: es decir, el derecho de los votantes a someter un proyecto de ley, una ordenanza o una resolución a votación y votar sobre él”.
Los funcionarios de la ciudad utilizaron una “excepción limitada” que permite acciones de “emergencia”, “cuando la acción gubernamental inmediata es necesaria para preservar la paz, la salud o la seguridad”, informó la organización.
Pero en este caso, “no existe tal emergencia… y la ciudad no puede eludir la responsabilidad democrática e imponer una deuda de 70 millones de dólares a los contribuyentes de Payson sin darles voz y voto”.
La “supuesta ‘emergencia’ de la ciudad es una farsa: la única ‘emergencia’ es el deseo del consejo de vender inmediatamente las Obligaciones para asegurar los mejores términos económicos disponibles para ello”, explica el instituto.
“Esto no es una emergencia”.
“De hecho, incluso el propio personal de la ciudad admitió durante una presentación sobre la medida de los bonos que no tienen ‘capacidad para predecir las tasas de interés’, que el mercado de bonos ha sido consistentemente favorable durante el año pasado y que las recientes elecciones presidenciales (la supuesta razón de los aumentos de tasas anticipados) han visto las tasas de bonos aumentar, si es que lo hicieron, en un máximo de 0,6 a 0,8 puntos porcentuales”.
La demanda se presenta en nombre de la residente Deborah Rose, quien se opone a los planes de gasto.
“Nuestros líderes quieren nuestro dinero, pero no nuestro voto”, explicó. “Están tratando de aprovecharse de lagunas legales para cargar a sus propios electores con decenas de millones de dólares de deuda, despojando sistemáticamente de poder a la gente ignorando las leyes y distorsionando sus verdades”.
El caso está en el Tribunal Superior del condado de Gila.
En realidad, la “Constitución de Arizona garantiza el derecho al referéndum: el derecho de los arizonenses a hacer circular peticiones y remitir proyectos de ley, ordenanzas y resoluciones al voto popular. Es una piedra angular de la responsabilidad democrática en Arizona y significa que el pueblo, no los políticos, tiene la última palabra en el gobierno estatal y local”, informó el instituto.
El caso acusa a la ciudad de intentar cerrar los bonos a finales de mes.
Original de WND News Center
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.