Mientras Petro piensa en su reelección, se está gestando su destitución.
Joana Campos 
Desde que asumió el poder, Gustavo Petro ha mostrado un comportamiento que recuerda al inicio del régimen chavista en Venezuela. Su gestión se caracteriza por una serie de medidas y actitudes que parecen encaminadas a perpetuarse en el poder, a pesar de las restricciones constitucionales de Colombia.
Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en 2022, prometiendo un “gobierno de cambio y justicia social”. Sin embargo, a medida que se aproxima a la mitad de su mandato ha tenido fallas críticas para el pueblo de Colombia gracias a su tendencia política y por su relación cercana y apoyo a Nicolás Maduro criticado por su autoritarismo y violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Desde el inicio, Petro ha mostrado un alineamiento ideológico con Maduro, defendiendo su permanencia en el poder incluso tras un evidente fraude electoral en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, manipuló los resultados para asegurar la reelección de Maduro. Mientras la comunidad internacional denuncia las irregularidades, Petro ha evitado críticas contundentes y ha optado por una postura de «cautela conveniente», que algunos analistas interpretan como una estrategia para consolidar su propio poder en Colombia.
Una de las similitudes más preocupantes entre Petro y Maduro es la intención de perpetuarse en el poder. A pesar de que la Constitución colombiana prohíbe la reelección presidencial.
Los colaboradores más cercanos a Petro, como la senadora Isabel Zuleta, han iniciado una campaña para promover una reelección encubierta. Esta maniobra recuerda a las tácticas empleadas por Hugo Chávez en Venezuela, quien también modificó la Constitución para permitir la reelección indefinida, sentando las bases para el autoritarismo de Maduro.
Petro, aunque no ha declarado abiertamente sus intenciones de buscar la reelección, ha permitido que sus aliados promuevan esta agenda, lo que sugiere una estrategia para evaluar la reacción del público antes de formalizar cualquier intento de cambio constitucional.
Además, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, propuesta que Petro había negado durante su campaña, ahora parece ser una posibilidad real para avanzar en la consolidación de su poder. Él teme un golpe de estado y alerta en su cuenta de X:
Investigación Sobre Gastos de Campaña: Un Obstáculo Para Petro.
Este domingo, surgió una grave preocupación en la Casa de Nariño tras la revelación de un documento que podría implicar que la campaña de Gustavo Petro superó los límites de gasto establecidos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. De acuerdo con la Constitución, este tipo de infracción podría ser motivo suficiente para destituir al presidente, lo que ha encendido las alarmas dentro de su administración.
Aunque el proceso para lograr una destitución no es sencillo, el hecho de que Petro haya advertido sobre esta posibilidad sugiere que la amenaza es real y que está preparando a sus seguidores para enfrentarla.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había iniciado una investigación sobre las presuntas irregularidades en la financiación y en los informes de ingresos y gastos presentados por la campaña del Pacto Histórico, tanto en la consulta interpartidista como en las elecciones de primera y segunda vuelta.
Sin embargo, en esta ocasión, el periodista Daniel Coronell reveló en su columna dominical en la revista Cambio una factura que muestra un pago por publicidad a Caracol Televisión, registrado en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por un monto de 356.102.872 pesos colombianos. Esta factura, fechada el 31 de mayo de 2022, está a nombre de Ricardo Roa, quien en ese momento era el gerente de campaña de Petro y actualmente es el presidente de Ecopetrol.
El problema radica en que el gasto máximo permitido para la primera vuelta era de 28.536 millones de pesos, y la campaña de Petro reportó haber gastado 28.384 millones, quedando apenas 152 millones por debajo del límite legal. Sin embargo, la factura de 356 millones revelada recientemente no aparece en los reportes, lo que implicaría que, de sumarse, la campaña habría excedido el límite permitido.
La defensa de la campaña ha argumentado que estos gastos podrían estar incluidos en otras categorías, pero esta explicación aún no ha sido comprobada. La preocupación de Petro es que esta investigación avance al punto de amenazar su permanencia en la presidencia.
Este caso pone de manifiesto la fragilidad de la situación política en Colombia y las posibles consecuencias de las irregularidades financieras en una campaña presidencial. La pregunta ahora es: ¿Podrá Gustavo Petro librarse de esta acusación y lograr la reelección que sus aliados promueven?
Panam Post informa sobre la posible destitución de Petro:
El procedimiento
¿Podría enfrentar Petro su destitución? Sobre las investigaciones en curso, el CNE retomó esta semana el estudio de la ponencia que pide formular cargos por la presunta financiación irregular de la campaña, aunque por el momento no ha tomado un decisión, y será dentro de dos semanas que la Sala Plena se aboque nuevamente a la discusión de dicha ponencia.
Por su parte, Gustavo Petro parece sospechar que la oposición se organiza para conseguir los votos necesarios en el Congreso para proceder con un juicio político en su contra y su eventual destitución, según lo expresó en su mensaje en la mencionada red social. En este caso hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con la Constitución, tras formular la acusación ante la Comisión de Acusaciones, la mesa directiva propone una terna encargada de decidir si hay méritos para avanzar con el proceso o no. En caso afirmativo, el debate se centrará en la deliberación dentro de esta instancia para decidir si se eleva la acusación ante la plenaria de la Cámara o se archiva. Y posteriormente corresponderá a la Cámara por mayoría decidir si el caso pasa al Senado, donde por mayoría absoluta se definirá si el presidente, en este caso Gustavo Petro, se enfrenta a una suspensión o destitución del cargo, enviando además copias a la Corte Suprema de Justicia para la investigación judicial correspondiente.
Las respuestas a su preocupación por el golpe de estado:
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.