Joana Campos 
El nombre de Nancy Pelosi, una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata en los últimos años, ha estado en el centro de la política estadounidense. Sin embargo, su esposo, Paul Pelosi, ha llamado la atención no por su relación con la política, sino por sus actividades financieras.
La reciente venta de acciones de Visa por parte de Paul Pelosi, realizada semanas antes de que la compañía enfrentara una demanda antimonopolio del Departamento de Justicia, ha encendido las alarmas sobre un posible conflicto de intereses y uso de información privilegiada.
La venta de acciones y la demanda de Visa
El 24 de septiembre de 2024, Visa fue acusada por el Departamento de Justicia de monopolizar ilegalmente el mercado de tarjetas de débito, un movimiento que se enmarca en una investigación de varios años. Según documentos públicos, Paul Pelosi vendió 2,000 acciones de Visa, valoradas en más de $500,000, menos de tres meses antes de que la demanda fuera anunciada.
La cuestión clave aquí es que esta venta se produjo en un momento crítico, justo antes de que Visa se enfrentara a graves acusaciones por parte de las autoridades federales.
Este tipo de movimientos financieros han alimentado especulaciones sobre la posibilidad de que Paul Pelosi haya utilizado información privilegiada, dada su conexión con Nancy Pelosi, quien en ese momento era presidenta de la Cámara de Representantes.
Un patrón preocupante de comportamiento financiero
Este no es el primer caso en el que Paul Pelosi realiza ventas o compras de acciones en momentos clave que benefician sus finanzas personales. En 2022, vendió acciones de Google antes de que la compañía enfrentara una demanda similar por parte del Departamento de Justicia.
En ese mismo año, también vendió acciones por $5 millones de Nvidia, pocos días antes de que el Congreso aprobara un proyecto de ley que beneficiaba a la industria de los semiconductores.
Estos movimientos han generado una gran controversia y han llevado a muchos a preguntarse si la familia Pelosi se está beneficiando de información privilegiada.
¿Qué dice Nancy Pelosi?
A pesar de las críticas y la creciente presión mediática, Nancy Pelosi ha mantenido su postura de que no existe ningún conflicto de intereses en las acciones de su esposo.
Según su oficina, Paul Pelosi tomó todas las decisiones financieras por su cuenta y ella no está involucrada en sus negocios. Además, el abogado de la familia ha afirmado que Paul no tenía conocimiento de la inminente demanda antimonopolio contra Visa en el momento de la venta.
Sin embargo, ES CLARO que las dudas persisten, quieren tapar el sol con un dedo, es casi imposible que Paul Pelosi, con su conexión cercana al poder político, no haya tenido algún indicio sobre lo que estaba por venir. Esta situación ha alimentado el debate sobre si los legisladores y sus familias deberían tener permitido participar en el mercado bursátil mientras ocupan cargos públicos.
La respuesta del Congreso
La controversia en torno a las actividades financieras de los Pelosi ha llevado a varios legisladores republicanos a presentar proyectos de ley para prohibir a los miembros del Congreso y sus cónyuges comerciar en el mercado de valores mientras ocupan sus cargos.
El senador Josh Hawley ha sido uno de los principales defensores de esta idea, presentando la llamada Ley PELOSI, un nombre irónico que busca restringir este tipo de actividades para evitar futuros conflictos de intereses.
La legislación también cuenta con el respaldo de otros congresistas que han expresado su preocupación por la percepción de corrupción y abuso de poder. Según una encuesta reciente, un alto porcentaje de estadounidenses cree que los miembros del Congreso no deberían poder operar en el mercado bursátil mientras tienen acceso a información sensible.
El rol del Departamento de Justicia y la demanda contra Visa
El Departamento de Justicia ha estado investigando a Visa durante varios años por supuestas prácticas anticompetitivas. La demanda presentada en septiembre de 2024 acusa a la compañía de monopolizar el mercado de tarjetas de débito, principalmente a través de incentivos financieros que desalentaban a los procesadores de pagos a trabajar con competidores de Visa. Estas acciones habrían afectado a millones de consumidores y pequeños negocios, limitando sus opciones y aumentando los costos operativos.
Si bien el proceso legal contra Visa aún está en sus primeras etapas, la atención pública se ha centrado en las acciones de Paul Pelosi y si tenía conocimiento previo de la inminente demanda. Esta sospecha de uso de información privilegiada no solo daña la reputación de los Pelosi, sino que también socava la confianza pública en el sistema político.
La sombra del enriquecimiento personal
La fortuna de los Pelosi no es un secreto. Se estima que el patrimonio neto de la familia supera los $120 millones, lo que los coloca entre los legisladores más ricos de Estados Unidos.
La combinación de poder político y riqueza personal siempre ha sido una mezcla peligrosa, especialmente cuando surgen preguntas sobre el posible uso de información privilegiada.
A lo largo de los años, la familia Pelosi ha estado involucrada en numerosas transacciones financieras, desde la compra de propiedades inmobiliarias hasta la inversión en empresas tecnológicas de rápido crecimiento.
Si bien tener éxito en el mundo de los negocios no es un delito, el problema radica en la percepción pública de que estos logros financieros pueden haberse logrado mediante el acceso a información que no está disponible para el ciudadano promedio.
Aun no se han presentado cargos formales de uso de información privilegiada contra Paul Pelosi, el patrón de sus actividades financieras plantea serias preguntas sobre la ética de los legisladores y sus familiares, a ver hasta cuando el Congreso toma medidas serias para regular el comercio de este tipo de acciones.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.