La crisis de opioides en Estados Unidos se ha intensificado en los últimos años, cobrando miles de vidas y causando un costo social y económico devastador. En el centro de esta problemática está el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, que se ha convertido en uno de los principales causantes de sobredosis en el país.
En un esfuerzo por detener la propagación de esta sustancia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha acusado recientemente a ocho empresas chinas de estar involucradas en la fabricación y distribución de fentanilo.
Este movimiento representa un paso significativo en la lucha contra esta epidemia, al apuntar directamente a los fabricantes extranjeros de los precursores químicos necesarios para la producción de opioides sintéticos.
Investigaciones de las autoridades estadounidenses revelaron que estas empresas chinas presuntamente han suministrado grandes cantidades de precursores químicos a organizaciones criminales que operan en Estados Unidos y otros países, facilitando así la fabricación ilícita de fentanilo.
Los funcionarios del DOJ indicaron que estos productos se enviaban con etiquetas engañosas o se camuflaban como sustancias legales para evadir los controles de aduanas, dificultando su detección por parte de las autoridades.
Esta refleja la complejidad de la crisis de opioides, que no solo se limita al abuso de sustancias dentro de las fronteras estadounidenses, sino que también incluye redes globales de producción y distribución.
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en 2022 hubo aproximadamente 106,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos, de las cuales el 70% involucraba opioides sintéticos como el fentanilo. Estas cifras su impacto devastador de esta sustancia y resaltan la urgencia de abordar el problema en su origen.
Los recientes aumentos en las muertes en gran parte fueron impulsados por el fentanilo fabricado ilícitamente y los análogos de fentanilo (IMF, por sus siglas en inglés).
Entre los hallazgos clave sobre las muertes por sobredosis de drogas están:
- En el 2020, la tasa de muertes por sobredosis entre los hombres de raza negra de 65 años o más fue casi siete veces más alta que la de los hombres de raza blanca de 65 años o más.
- Las personas de raza negra de entre 15 y 24 años tuvieron el mayor aumento en la tasa (86 por ciento) en comparación con los cambios observados en otros grupos de edad o raciales durante el 2019 y el 2020.
- Las tasas de muertes por sobredosis en las mujeres indoamericanas y nativas de Alaska (AI/AN) de entre 25 y 44 años, fueron casi el doble de las de las mujeres de raza blanca de entre 25 y 44 años.
Este aumento en la mortandad representa uno de los mayores retos de salud pública en el país. El fentanilo es tan potente que una dosis extremadamente pequeña puede ser letal, lo que convierte su distribución en una amenaza inminente para la población.
El DOJ ha manifestado su preocupación por el flujo continuo de estos químicos hacia organizaciones delictivas, que los mezclan en diversas sustancias y los venden en las calles de Estados Unidos.
Según la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), solo un kilo de fentanilo puede producir hasta 500,000 dosis, lo que explica su rápida diseminación y el riesgo creciente de sobredosis entre consumidores, muchos de los cuales desconocen que están ingiriendo una sustancia tan letal.
Frente a estas acusaciones, el gobierno chino ha respondido de manera contundente, rechazando las imputaciones y sugiriendo que Estados Unidos está utilizando la crisis de opioides como un arma política.
Las autoridades chinas han argumentado que la responsabilidad recae en la demanda interna y el consumo de drogas en Estados Unidos, y han resaltado sus propios esfuerzos por regular la producción de químicos que podrían ser utilizados en la fabricación de fentanilo.
Entre las acusadas se encuentra: Wuhan Mingyue Information Technology, que enfrentó cargos por intento de importación de precursores y lavado de dinero. La empresa, bajo la dirección de Huanhuang Song, usaba una cartera Bitcoin y una cuenta de Western Union para procesar pagos.
Se revelaron conversaciones encriptadas entre Wuhan Mingyue y un agente encubierto de la DEA, donde acordaron enviar productos a Tampa, Florida, y afirmaron no tener problemas con aduanas mexicanas al enviar drogas a Ciudad de México.
Otra empresa, Shanghai Senria Biotechnology, está acusada de intentar importar protonitazeno y lavado internacional de dinero. Se identificó a Zhenbo Han como responsable de una cartera Bitcoin asociada a la empresa, que promocionaba abiertamente la venta de opioides a EE.UU., México, Canadá y Europa.
Wuhan Jinshang Import & Export Trading, de Hebei, también recibió cargos por intento de importación de protonitazeno y precursores de fentanilo. Wenying Nie fue acusada de manejar una cartera Bitcoin vinculada a la empresa. En interacciones con un agente encubierto, Wuhan Jinshang ofreció Bitcoin como método de pago y garantizó entregas seguras a EE.UU. y México.
Guangzhou Tengyue Chemical, de Guangdong, enfrenta cargos similares, y se indicó que enviaba más de 20 kilogramos de drogas mensualmente a varios países. Otras empresas involucradas son Hubei Shanglin Trading, Jiangsu Jiyi Chemical, Tianjin Furuntongda Tech y Henan Oumeng Trade.
Cinco de las ocho empresas acusadas, incluyendo Wuhan Jinshang y Wuhan Mingyue, han cesado operaciones.
Esto ha llevado a una falta de confianza entre los gobiernos de ambos países, complicando cualquier esfuerzo conjunto para abordar la crisis.
La lucha contra la epidemia de opioides no puede resolverse únicamente a nivel nacional; requiere una colaboración internacional efectiva. Estados Unidos y China deben encontrar un terreno común y establecer mecanismos de cooperación que permitan un control más eficaz de la producción y distribución de sustancias peligrosas. Sin embargo, las tensiones políticas y comerciales entre ambas naciones han dificultado estos esfuerzos.
Es esencial que se establezcan acuerdos que incluyan el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas para enfrentar el tráfico de drogas. La experiencia ha demostrado que la colaboración es fundamental en la lucha contra el narcotráfico, ya que las redes criminales operan a nivel global.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.