Más de medio millón de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que no podrán extender su parole humanitario aún tienen dicen los expertos opciones para regularizar su estatus.
Miles de inmigrantes de origen cubano, haitiano, nicaragüense y venezolano se encuentran en un limbo inmigratorio tras la decisión del gobierno de Biden y Harris de no extender el programa de parole humanitario, que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante dos años.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, la administración demócrata ha demostrado su incapacidad para manejar la crisis inmigratoria sin precedentes que enfrenta el país, con la entrada de más de 10,6 millones de extranjeros indocumentados por la frontera sur desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021.
Con la no extensión del parole para más de medio millón de inmigrantes, la abogada especialista en inmigración, María Herrera Mellado, afirma que esto “refuerza la teoría de que esta administración ha perdido totalmente el control de la inmigración ilegal y desordenada, y además ha facilitado la entrada masiva de personas que no cumplían con los requisitos necesarios.”
Este programa, implementado por Biden en octubre de 2022 con la esperanza de reducir la inmigración ilegal, ofrecía dicen una vía legal para miles de venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro. En 2023, el programa se amplió para incluir a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.
En los dos años desde su lanzamiento, el parole permitió la entrada por vía aérea de 530,000 inmigrantes, incluidos 210,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 110,000 cubanos y 93,000 nicaragüenses, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las mentiras de La Casa Blanca
La abogada considera que este permiso temporal, que no asegura un estatus legal en EE.UU., fue un intento del gobierno para “ocultar” el desbordamiento en la frontera con México y así mostrar una supuesta reducción en los encuentros fronterizos, como lo mencionó el demócrata Tim Walz durante el debate vicepresidencial.
“Han intentado disminuir las cifras que se manejaban con Trump y ahora todos sabemos que algunas personas no llegan a la frontera porque se les han permitido otras vías de entrada,” señala la abogada.
Durante los últimos 65 días, la administración Biden-Harris pasó de suspender el parole humanitario, debido a evidencias de fraude en más de 101,000 solicitudes de patrocinio, a reanudarlo con medidas más estrictas, para luego decidir no renovarlo para quienes ya están por cumplir dos años en el país.
Los Inmigrantes en un limbo
María Herrera Mellado destaca que el gobierno “elevó las expectativas” y movilizó a miles de ciudadanos a quienes ahora deja en un “limbo”. Sin embargo, señala que aún existen opciones para que los beneficiarios del parole puedan regularizar su situación en EE.UU., a menos que se declare inconstitucional, aunque muchos no podrán ajustar su estatus debido a la falta de documentación.
Por último, Herrera Mellado descarta que la actual administración o una futura comience deportaciones masivas, salvo que los inmigrantes hayan cometido delitos o estén vinculados al crimen organizado, como el caso de la banda venezolana “Tren de Aragua”, que se ha extendido por varias ciudades estadounidenses durante este gobierno.
Opciones para regularizar el estatus
De los más de medio millón de inmigrantes que necesitan regularizar su estatus, los cubanos serían los menos afectados, pues podrían apelar a la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde hace 58 años. Esta legislación les permite obtener la residencia permanente al cumplir un año y un día en EE.UU. y la ciudadanía cinco años después, siempre que hayan ingresado legalmente por un puerto de entrada.
Para los venezolanos y haitianos, quienes califiquen podrían beneficiarse del Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga protección contra la deportación y permiso de trabajo. Los venezolanos podrán acceder al TPS hasta el 2 de abril de 2025, mientras que los haitianos tienen hasta el 3 de febrero de 2026 para inscribirse.
En el caso de los nicaragüenses, la situación es más complicada, ya que no se les asignó un nuevo TPS, lo que limita sus opciones.
Original de Diario Las Américas.
Victor De la Flor es abogado de inmigración, negocios y bienes raíces con licencia en los estados de Texas, Florida y Nueva York así como en Perú. Cuenta con casi 20 años de experiencia profesional en derecho.
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