El sur de México sigue sumido en una alarmante ola de violencia. Román Ruíz Bohórquez, alcalde de un municipio en Oaxaca, fue brutalmente asesinado, tan solo semanas después de que otro alcalde fuera decapitado en circunstancias similares.
Esta tragedia pone nuevamente sobre la mesa la desbordante violencia que azota a México, en particular a los funcionarios públicos que están cada vez más expuestos a los embates de los cárteles del narcotráfico.
Mientras tanto, las acciones de las autoridades, en especial de Claudia Sheinbaum, quien lidera el gobierno, han sido cuestionadas debido a la aparente inacción frente a este problema.
El asesinato de Román Ruíz Bohórquez no es un caso aislado. En los últimos años, México ha sido testigo de una serie de asesinatos de figuras públicas, especialmente de alcaldes.
Desde 2006, cuando el país se sumergió en una «guerra contra el narcotráfico», el número de asesinatos de políticos locales ha incrementado dramáticamente. Estas muertes, en su mayoría, están vinculadas a cárteles que buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas.
Según datos de la consultora Etellekt, más de 200 funcionarios han sido asesinados desde el inicio de la estrategia de seguridad nacional enfocada en confrontar a los cárteles.
El caso más reciente, el de Román Ruíz Bohórquez, sigue los patrones de intimidación y violencia ejercida por el crimen organizado en Oaxaca, una de las regiones más afectadas por este tipo de incidentes.
Este estado ha sido un campo de batalla para los cárteles debido a su ubicación estratégica para la producción y el tráfico de drogas. A esto se suma la falta de un control eficiente del territorio por parte del gobierno federal, lo que permite que los criminales actúen con impunidad
Ante esta escalada de violencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido objeto de severas críticas. Sheinbaum, quien es una de las figuras más prominentes de Morena, ha sido acusada de encubrir o minimizar la relación entre los cárteles y algunas facciones del partido.
A pesar de los crecientes ataques y asesinatos, no se ha implementado una política clara para proteger a los alcaldes y otros funcionarios locales, quienes parecen estar abandonados a su suerte en la lucha contra los cárteles.
La percepción pública es que las autoridades federales y estatales no están haciendo lo suficiente para combatir a las organizaciones criminales. En muchos casos, las investigaciones sobre los asesinatos de alcaldes ni siquiera llegan a buen puerto, dejando a las familias de las víctimas sin justicia. Este tipo de impunidad fortalece aún más el poder de los cárteles, quienes ven en los funcionarios públicos un obstáculo para sus actividades ilícitas.
En regiones como Oaxaca y Guerrero, los cárteles no solo se han infiltrado en las estructuras gubernamentales, sino que en muchos casos actúan como un «gobierno paralelo». Controlan desde la seguridad hasta la economía local, imponiendo su ley a través del miedo y la violencia.
Los alcaldes, especialmente en municipios rurales, enfrentan la presión de los cárteles para colaborar con ellos o enfrentarse a las consecuencias fatales.
El asesinato de Ruíz Bohórquez y otros alcaldes es un claro ejemplo de cómo los cárteles están utilizando el terror para mantener el control en ciertas regiones. Los políticos locales, que muchas veces carecen de los recursos para defenderse, se encuentran entre la espada y la pared. Si deciden enfrentarse a los cárteles, corren el riesgo de ser asesinados. Si ceden, traicionan a sus comunidades y se convierten en cómplices de los criminales.
A pesar de la magnitud de la crisis, el gobierno federal no ha implementado medidas eficaces para contrarrestar la violencia. Recientemente, se anunció la implementación de la Guardia Nacional en ciertas áreas, pero su efectividad ha sido puesta en duda debido a la falta de resultados tangibles.
La creciente militarización de las regiones afectadas no ha disminuido los índices de criminalidad, y en muchos casos, se ha acusado a las fuerzas de seguridad de estar infiltradas por los propios cárteles.
Algunos analistas sostienen que la estrategia actual del gobierno es meramente reactiva y no aborda las causas subyacentes de la violencia. El control territorial por parte de los cárteles es solo uno de los síntomas de un problema mucho más profundo: la falta de oportunidades económicas y la corrupción estructural dentro de las instituciones mexicanas.
Claudia Sheinbaum sigues teniendo mucho trabajo por delante…
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.