La Agencia Nacional de Discapacidad inicia auditorías exhaustivas que revelan irregularidades alarmantes en las Pensiones No Contributivas por Invalidez, buscando garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
El gobierno de Javier Milei ha lanzado una apuesta decidida por la transparencia y la justicia social mediante una revisión exhaustiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez en Argentina. Esta iniciativa se produce en un contexto donde se han descubierto irregularidades en la documentación presentada por hasta 160,000 beneficiarios, lo que podría derivar en la suspensión de sus pensiones.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la dirección de Diego Spagnuolo, ha emprendido una serie de auditorías que abarcan a los aproximadamente 400,000 beneficiarios de estas pensiones. Las revisiones comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con planes de expandirse a otras regiones en los próximos meses.
Las causas detrás de esta revisión radican en el alarmante descubrimiento de irregularidades durante gestiones anteriores. Según datos preliminares, entre el 30% y el 40% de los casos revisados pueden resultar en la suspensión de beneficios no justificados según la ley. Esto podría implicar la eliminación de pensiones que actualmente representan el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina.
Las irregularidades más comunes incluyen la presentación de documentación médica falsificada, como el uso de certificados médicos fraudulentos y la duplicación de radiografías en diferentes expedientes. Además, se han señalado casos en los que los beneficiarios no cumplen con los criterios de invalidez estipulados por la ley.
El gobierno ha identificado que, en al menos un 35% de los casos examinados, existen incompatibilidades graves, como la posesión de bienes no declarados o la existencia de empleo formal por parte de quienes reciben las pensiones. Algunas de estas situaciones son particularmente sorprendentes, como la utilización de radiografías de animales en lugar de pacientes humanos para obtener beneficios indebidos.
Los efectos de esta decisión del gobierno serán directamente sentidos por aquellos que actualmente reciben pensiones sin cumplir con los requisitos. Esta decisión aborda el problema de una población que, a pesar de no cumplir con los criterios establecidos, continúa recibiendo asistencia financiera del Estado.
Diego Spagnuolo ha enfatizado que el objetivo de las auditorías no es castigar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino erradicar el fraude que ha afectado la confianza en el sistema de pensiones argentino. «Buscamos restaurar la transparencia y hacer justicia con quienes realmente necesitan estas ayudas», declaró en una reciente rueda de prensa.
Las acciones de la ANDIS también cuentan con el respaldo del Ministerio de Salud y del sistema judicial, que se han comprometido a investigar a fondo todas las irregularidades detectadas. Se espera que, además de la suspensión de beneficios, se inicien procedimientos legales contra los responsables.
El proceso de auditoría, que se estima se extenderá por varios meses, es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Milei por mejorar la eficiencia en la administración de recursos públicos. Este enfoque busca asegurar que la asistencia se dirija únicamente a quienes realmente la necesitan, eliminando los abusos y restaurando la confianza de la ciudadanía.
«Es fundamental que la ayuda estatal llegue a quienes verdaderamente la requieren, y no a quienes intentan aprovecharse del sistema», concluyó Spagnuolo.
El descubrimiento de este fraude plantea preguntas sobre la gestión de los recursos del Estado en gestiones anteriores y subraya la urgencia de una revisión sistemática de los programas sociales en Argentina.
El gobierno de Javier Milei subraya que este proceso de revisión será un paso crucial hacia la eliminación de corruptelas en el sistema de pensiones, sentando las bases para una administración más justa y eficiente de los recursos públicos.
La ANDIS ha identificado un alarmante 30%-40% de potenciales fraudes en pensiones, poniendo en riesgo la asistencia de 160,000 beneficiarios y buscando restaurar la confianza pública en el sistema.
ACTUALIZACIÓN: El presidente Javier Milei vetó una ley que buscaba aumentar las jubilaciones en más de un 8%, argumentando que sería un riesgo para las finanzas del país al generar más deuda y posibles aumentos de impuestos. Milei calificó la propuesta de la oposición como «populismo demagógico» y defendió que su enfoque ultraliberal es necesario para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. A pesar de la inflación histórica que afecta a los jubilados, Milei anunció un nuevo bono de 70,000 pesos para ayudar a enfrentar el costo de la vida.