Informe revela cómo una red internacional financiada por USAID y coordinada por CLACAI opera en el ámbito legal, mediático y sanitario para imponer el aborto en Hispanoamérica.
Actúa Familia 
Un reciente informe del Population Research Institute (PRI) denuncia una gran red organizada —a la que llaman “mafia abortista”— que, bajo el paraguas de organizaciones de derechos humanos o salud reproductiva, ha recibido financiamiento de USAID.
El estudio revela que, tras el recorte millonario impulsado por Marco Rubio cuando asumió el control de la agencia durante la presidencia de Trump, se descubrió el financiamiento a proyectos que no solo resultan cuestionables, sino que activamente promueven políticas abortistas en países iberoamericanos.
IMPORTANTE INFORME: Una red internacional financiada por USAID que promueve el aborto: ¿por qué nos debería importar?
¿Cómo opera esta red llamada CLACAI?
Desde 2006, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) ha funcionado como una plataforma que enlaza más de 165 entidades —tanto locales como internacionales— en más de 19 países. No solo es una red de colaboración: su influencia abarca ámbitos jurídicos, mediáticos y sanitarios .
- Jurídico-político: ONG como Amnistía Internacional, Center for Reproductive Rights, Population Council y Pathfinder contribuyen elaborando estrategias legales y normativas para despenalizar el aborto.
- Mediático-cultural: organizaciones como Planned Parenthood Global, Women Deliver y Católicas por el Derecho a Decidir difunden mensajes que presentan el aborto como un “derecho humano” fundamental.
- Técnico-práctico: entidades como IPAS, Marie Stopes, IPPF y la Fundación ESAR capacitan a personal sanitario, proveen guías sobre aborto farmacológico y promueven el autocuidado, a menudo en la sombra de los sistemas legales
Aunque muchos de estos proyectos están disfrazados con etiquetas como “salud reproductiva” o “salud de la mujer”, el informe advierte que muchos operan en países donde el aborto sigue siendo ilegal o muy restringido, socavando políticas nacionales favorables a la vida.
¿Y qué hay de lo local? Organizaciones que actúan en el terreno.
La red también trabaja directamente en países de habla hispana, potenciando organizaciones como Profamilia y Oriéntame en Colombia, o APROPO y PROMSEX en Perú, entre otros. Estas entidades reciben recursos que les permiten actuar con mayor alcance e influir en políticas a nivel local .
¿Cómo evaden las restricciones?
CLACAI logra mantenerse activa, incluso en contextos hostiles, gracias a tácticas como:
- Crear “protocolos clínicos” que camuflan el aborto dentro de prácticas médicas legítimas.
- Promover capacitaciones y materiales sobre medicamentos como misoprostol y mifepristona, incluso donde su uso está prohibido.
- Infectar el terreno local con narrativas y estrategias legales diseñadas desde fuera
Todo esto incluye recursos provenientes de fondos opacos (dark money), manejados a través de sistemas como el de Arabella Advisors, que oculta el origen real de la financiación .
¿Qué riesgos están en juego?
El informe advierte dos grandes problemas:
- Soberanía comprometida: estas acciones erosionan las leyes locales y los valores culturales, imponiendo una agenda internacional.
- Transparencia mínima: sin claridad sobre quién financia qué, se debilita la rendición de cuentas
¿Qué podemos hacer?
El análisis insta a cortar el financiamiento para estas redes y fomentar la transparencia. Recomienda medidas como:
- Listar públicamente a quienes reciben fondos.
- Instar a la intervención de legisladores, autoridades y sociedad civil para exigir claridad y cumplimiento de las leyes vigentes
Conoce el Resumen ejecutivo.
En resumen…
Este informe del Population Research Institute, con fecha del 27 de agosto de 2025, advierte sobre una red supranacional, CLACAI, que recibe dinero de USAID y opera en múltiples frentes —vía leyes, medios y salud— para impulsar el aborto en Hispanoamérica.
Su estrategia se basa en disimular sus acciones bajo iniciativas de salud o derechos, dificultando que se rastree el uso de los fondos públicos, incluso en países donde legalmente el aborto es muy restringido o prohibido
