República Dominicana autoriza a EE.UU. el uso de bases aéreas estratégicas en un momento crítico de tensión militar con Venezuela
En un giro de máxima relevancia para la seguridad regional y hemisférica, el gobierno de República Dominicana autorizó este miércoles a Estados Unidos el uso temporal de instalaciones militares y aeroportuarias dominicanas: la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
La decisión se produce en el marco de la operación militar estadounidense “Lanza del Sur”, oficialmente dirigida contra el narcotráfico en el Caribe, en un momento en que las tensiones con Venezuela se han disparado.
La autorización permite, de forma temporal y bajo estricto control, que Estados Unidos utilice áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del AILA para reabastecimiento de aeronaves, transporte de equipos y personal técnico.
El presidente dominicano, Luis Abinader, enfatizó que la cooperación se enmarca en acuerdos bilaterales vigentes, supervisados por el Ministerio de Defensa dominicano y la Dirección Nacional de Control de Drogas, y que su objetivo es reforzar el anillo de protección aérea y marítima para impedir la entrada de narcóticos y desarticular redes del crimen organizado trasnacional.
Se trata del primer gran acuerdo público entre Estados Unidos y un país caribeño para permitir el uso militar de bases dominicanas en décadas.
En los últimos cinco años, República Dominicana ha logrado incrementar cerca de diez veces sus incautaciones de drogas por año, en gran medida gracias a la cooperación intensificada con Washington. Estados Unidos desplegará aviones de reabastecimiento y transporte de carga, patrullaje aéreo y misiones humanitarias, mostrando que no todas las operaciones tendrán un perfil ofensivo.
El momento elegido para esta decisión no es casual: desde agosto de 2025, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe con portaaviones, buques y aviones de combate, en lo que algunos analistas consideran un esquema de presión indirecta sobre el régimen venezolano.
La medida ha generado la airada reacción del gobierno chavista, que ha calificado la autorización como una subordinación de República Dominicana a Washington, acusando a Santo Domingo de comprometer su soberanía.
Más allá del enfrentamiento diplomático, la decisión representa para los sectores conservadores y defensores de la seguridad una apuesta firme por el orden, la autoridad legítima y la protección de las familias. El narcotráfico y el crimen organizado no solo amenazan la seguridad, sino que ponen en riesgo la estabilidad de comunidades y valores fundamentales.
La cooperación con Estados Unidos, bajo reglas claras y supervisión institucional, reafirma la vigencia del Estado de Derecho y fortalece la capacidad de reacción ante crisis, protegiendo fronteras, espacios marítimos y ciudadanos inocentes.
La izquierda intentará presentar este acuerdo como un acto de soberanía vendido o un gesto de “imperialismo yanqui”, pero lo que realmente vemos es una decisión responsable, coherente con la defensa de la sociedad y la seguridad colectiva.
Mientras el populismo reparte protestas y demagogia, los gobiernos conservadores actúan con firmeza y sentido común. Garantizar la paz, proteger a nuestras familias y luchar contra el crimen organizado requiere autoridad, cooperación internacional legítima y respeto por las instituciones. Eso es precisamente lo que está haciendo hoy República Dominicana, en defensa del orden, de la seguridad y de los valores que sostienen la civilización.
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