Policía detiene a los máximos responsables de Plus Ultra por lavar dinero y destapa cómo el rescate de 53 millones de euros de Pedro Sánchez durante la pandemia sirvió para financiar vínculos chavistas
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Nacional irrumpió este jueves 11 de diciembre de 2025 en la sede madrileña de la aerolínea Plus Ultra, deteniendo a su presidente, Julio Martínez, y a su director ejecutivo (CEO), Roberto Roselli.
La operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, indaga un posible delito de blanqueo de capitales, con registros en domicilios de altos directivos y el volcado de dispositivos informáticos.
Aunque la causa ha sido declarada secreta, fuentes cercanas a la empresa confirman su colaboración con la Policía Judicial, mientras el foco se centra en préstamos millonarios que la compañía obtuvo de entidades domiciliadas en el extranjero durante la crisis del Covid-19.
Plus Ultra, una aerolínea de escasa relevancia con solo cuatro aviones alquilados y pérdidas crónicas desde 2015, recibió en 2021 un rescate público de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Esta inyección, equivalente a nueve veces el valor bursátil de la compañía en ese momento, se presentó como apoyo a una «línea estratégica» para vuelos a Latinoamérica, cubriendo supuestas «carencias» en conexiones con el continente americano.
Sin embargo, el bailout generó inmediata polvareda: el PP y Vox lo denunciaron como un derroche de fondos públicos en beneficio de intereses opacos, con accionistas venezolanos como la familia Reyes, cercana al régimen de Nicolás Maduro.
El ex presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, defendió entonces la ayuda como «la mínima imprescindible» y negó influencias de ex altos cargos socialistas, argumentando que su desaparición crearía un «monopolio» en rutas clave.
Todo esto conecta directamente con el escándalo del caso Koldo, la trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas que ha salpicado al PSOE.
El ex asesor Koldo García aludió en grabaciones al rescate con sorna: «Estos se van a forrar», refiriéndose a reuniones entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos –hoy imputado–, y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para agilizarlo.
Ábalos ha admitido que fue una «imposición» con la que discrepó, señalando a Zapatero como el impulsor, alegato que este último rechaza.
El empresario Víctor de Aldama, colaborador con la justicia en la causa, corrobora estas afirmaciones y revela cómo Plus Ultra sirvió para «colar» chavistas en España, utilizando la aerolínea para vuelos irregulares y favores al régimen madurista.
El hilo conductor del blanqueo apunta a préstamos por 1,3 millones de euros solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021: 500.000 dólares de Wailea Invest (Reino Unido) el 28 de octubre de 2020; 500.000 euros de Allpa Wira (Suiza) el 20 de noviembre; y 450.000 euros de Valerian Corporation el 29 de enero de 2021.
Estos fondos, devueltos con el rescate público, están bajo escrutinio de la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven, un prestamista holandés radicado en Ginebra con presuntos lazos al chavismo.
La compañía alega que las operaciones fueron «legales, públicas y transparentes» ante el desplome pandémico, pero Anticorrupción española ve indicios de una red para lavar dinero a través de sociedades pantalla.
Esto demuestra un Gobierno socialista que despilfarra millones en empresas fantasmas ligadas a dictaduras hermanas, mientras la economía española se ahoga en deuda.
¿Cuánto más durará esta hemorragia de fondos públicos en manos del gobierno de Sánchez? Y peor aún que termina apoyando a regímenes totalitarios como el de Maduro.
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