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El Gobierno de Estados Unidos ha dado un paso decisivo para reforzar la seguridad fiscal y la autoridad del Estado al anunciar un amplio paquete de medidas que eliminará los beneficios tributarios federales para los inmigrantes ilegales.
La orden, emitida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, establece el fin de los créditos reembolsables para quienes no posean un estatus legal, una medida que marca uno de los cambios más relevantes en la política fiscal estadounidense de los últimos años.
El Departamento del Tesoro confirmó que los programas afectados incluyen algunos de los créditos más utilizados por familias de bajos ingresos: el Earned Income Tax Credit, el Additional Child Tax Credit, el American Opportunity Tax Credit y el Saver’s Match Credit.
A partir del año fiscal 2026, estos beneficios quedarán estrictamente reservados a ciudadanos estadounidenses y extranjeros autorizados, eliminando cualquier posibilidad de que personas en situación irregular accedan a ellos.
La decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del contribuyente y de impedir que el sistema tributario federal continúe siendo susceptible a abusos, fraudes o incentivos perversos asociados a la inmigración ilegal.
Bessent explicó que el Tesoro aplicará nuevas regulaciones y supervisará de forma más rigurosa las transacciones financieras vinculadas a personas sin estatus legal, especialmente aquellas que impliquen movimientos transfronterizos de dinero o actividades de origen dudoso.
El anuncio se alinea con la estrategia de la administración de Donald J. Trump para restablecer el orden y la legalidad en la política migratoria. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que los beneficios públicos se destinen exclusivamente a quienes cumplen la ley y sostienen el sistema con su trabajo y sus impuestos.
Mientras tanto, las reacciones desde la izquierda no han tardado en aparecer, insistiendo en discursos de inclusión ilimitada que ignoran el impacto real sobre la economía nacional.
Esta oposición revela, una vez más, la desconexión progresista con las prioridades de los ciudadanos: protección del erario, respeto a la ley y defensa de la soberanía. Frente a la permisividad ideológica, el Gobierno apuesta por un principio elemental: primero, los estadounidenses.
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