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Los demócratas de Virginia presentaron el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 863 (HB 863), que busca eliminar las penas de prisión mínimas obligatorias para una serie de delitos graves, entre ellos violación, homicidio involuntario, posesión y distribución de pornografía infantil, agresión a agentes del orden público y delitos violentos reincidentes.
El proyecto de ley, patrocinado por el delegado demócrata Rae Cousins, se presentó poco después de que se reuniera la nueva Asamblea General controlada por los demócratas bajo la dirección de la gobernadora Abigail Spanberger.
La legislación modifica más de 30 secciones del Código de Virginia, eliminando el lenguaje que impone sentencias mínimas obligatorias para estos delitos.
Por ejemplo, bajo la ley actual, la violación conlleva un mínimo obligatorio en casos que involucran a menores o ciertos factores agravantes, como cadena perpetua por violar a un niño menor de 13 años si el agresor es mayor de 18 años.
La HB 863 eliminaría estos mínimos, permitiendo a los jueces plena discreción para imponer sentencias tan bajas como la libertad condicional o la suspensión de la pena, mientras mantiene intactas las penas máximas.
Se realizaron cambios similares en las leyes relativas a la sodomía forzada, la penetración sexual con objetos, el homicidio involuntario agravado y los delitos de pornografía infantil.
Los partidarios de los cambios argumentan que el proyecto de ley promueve “resultados más justos” al poner fin a las sentencias “universales” y dar a los jueces mayor flexibilidad en casos individuales.
Los críticos, sin embargo, advierten que los cambios podrían poner en peligro la seguridad pública al permitir que los delincuentes violentos regresen a las calles antes.
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Josh Ederheimer, un agente de la ley retirado y profesor adjunto del Centro de Seguridad Pública y Justicia de la Universidad de Virginia, dijo a Fox News que la eliminación de los mínimos genera inquietudes sobre la reincidencia, especialmente en delitos violentos.
“Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, creo que la policía generalmente quiere que los infractores rindan cuentas, y la frustración entre los agentes del orden aumenta cuando las personas son liberadas rápidamente y posteriormente reinciden”, dijo Ederheimer.
“Creo que tanto la policía como el público esperan que los delincuentes condenados rindan cuentas y que cumplan sus condenas completas”, añadió Ederheimer. “Las penas mínimas obligatorias garantizan a las víctimas, y a la comunidad, que una persona condenada cumplirá su condena”.
Por supuesto, también existe una gran preocupación: que quienes reciben un tirón de orejas no tendrán ningún incentivo para no reincidir.
Sin embargo, en el caso de los delitos violentos, la mayor preocupación práctica es que el acusado reincida y que el público no sea alertado ni tenga conocimiento de que ha regresado a la comunidad. Es una cuestión de rendición de cuentas que recae sobre jueces y fiscales.
Artículo original The Gateway Pundit.
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