Se reprograma la audiencia judicial de Ovidio Guzmán hijo de «El Chapo» en la Corte Federal de Chicago, donde testificará en el juicio de Maduro tras acuerdo de cooperación con EE.UU.
La Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, ha reprogramado la audiencia de Ovidio Guzmán López, alias «El Ratón», del 9 de enero de 2026 a hoy 10 de julio de ese mismo año.
Esta decisión se produce después de que Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, se declarara culpable en julio de 2025 a múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego.
El aplazamiento, según documentos judiciales, busca permitir una revisión exhaustiva de las pruebas y establecer formalmente la fecha de sentencia, en medio de un acuerdo de cooperación que podría reducir su posible cadena perpetua.
Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, tras su captura en enero de ese año en Culiacán, Sinaloa, durante una operación militar mexicana que desató violentos enfrentamientos con miembros del cártel.
Acusado de liderar una facción conocida como «Los Chapitos» junto a sus hermanos, Guzmán López enfrenta imputaciones por supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense, utilizando métodos como vehículos, vagones de tren y túneles fronterizos.
Estas actividades, según las autoridades federales, contribuyeron significativamente a la crisis de opioides en Estados Unidos, que ha cobrado miles de vidas.
En julio de 2025, durante una audiencia en la misma corte de Chicago, Guzmán López admitió su responsabilidad en cuatro cargos: dos por distribución de drogas y dos por participación en una empresa criminal continua.
Como parte del acuerdo de culpabilidad con los fiscales, se comprometió a proporcionar «asistencia sustancial» en investigaciones en curso, incluyendo testimonios contra otros implicados en el cártel.
El acuerdo también estipula una multa de 80 millones de dólares y la posibilidad de evitar la prisión de por vida, aunque la sentencia final dependerá de la evaluación del juez.
Fuentes judiciales indican que esta cooperación podría extenderse a casos en el Distrito Sur de California y el Distrito de Columbia, ampliando el impacto en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
No está de más, volver a denunciar que el caso de Ovidio expone las fallas en las políticas de seguridad del gobierno mexicano bajo administraciones de izquierda, como las de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, por su enfoque de «abrazos, no balazos» y por liberar a Guzmán López en 2019 tras su primera captura para evitar violencia, lo que permitió la continuidad de operaciones del cártel.
Mientras México lidia con una escalada de violencia en Sinaloa y otros estados, Estados Unidos asume el rol principal en desmantelar estas redes, exponiendo la debilidad institucional en un país donde el narcotráfico prospera bajo gobiernos que priorizan el populismo sobre la aplicación estricta de la ley.
La reprogramación de la audiencia subraya la complejidad del proceso, pero también la determinación de la justicia estadounidense para obtener información clave que debilite aún más al Cártel de Sinaloa.
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