María Herrera Mellado: «Este caso establecerá un precedente. Es un caso histórico que demostrará si el gobierno realmente tiene la jurisdicción y la autoridad para defender la seguridad nacional, o si vamos a permitir que los abogados liberales y la prensa dominen la justicia en nuestro país.
Por eso es importante que el gobierno no retroceda y, obviamente, no tiene que renunciar a sus derechos constitucionales, pero sí debe defender que no se permita que personas que representen una amenaza para la seguridad nacional estén en el país.»
Kilmar Armando Ábrego García, un ciudadano salvadoreño de 30 años, enfrenta múltiples acusaciones en Estados Unidos, aunque niega todas ellas. Según documentos judiciales, en 2019 su esposa presentó denuncias de violencia doméstica en su contra. Además, se le ha vinculado con el tráfico de personas tras un incidente en Tennessee en 2022, donde transportaba a ocho personas indocumentadas.
En marzo de 2025, Ábrego fue deportado a El Salvador. Tras una presión legal, fue retornado a EE. UU. en junio. Actualmente, se encuentra detenido en Virginia, enfrentando cargos federales de tráfico de personas, los cuales niega. Su equipo legal argumenta que estas acusaciones son retaliatorias.
Ábrego ha solicitado asilo en EE. UU., temiendo persecución en Uganda, país al que se le intentó deportar. Una jueza federal ha bloqueado temporalmente su deportación hasta una audiencia programada para el 6 de octubre. Mientras tanto, permanece bajo custodia en Maryland, a la espera de una resolución en su caso.
En resumen, Kilmar Ábrego García enfrenta acusaciones graves que él niega, y su situación legal continúa siendo un tema de debate en los tribunales estadounidenses.
