Las declaraciones del activista Miguel Agnes no solo generan polémica: resultan profundamente irresponsables y éticamente inadmisibles. Plantear que material de abuso infantil pueda utilizarse como una supuesta “válvula de escape” es cruzar una línea roja que no admite matices.
No se trata de una opinión polémica más, sino de una idea que ignora por completo a las víctimas. Ese material existe porque niños fueron abusados. Sugerir que se utilice bajo cualquier justificación implica legitimar indirectamente ese daño y mantener viva una cadena de explotación que precisamente el mundo entero intenta erradicar.
Desde el punto de vista legal, la propuesta es insostenible. La posesión, distribución o consumo de este tipo de contenido es un delito grave en prácticamente todos los países. No hay interpretación posible que la haga viable dentro de un Estado de derecho.
Pero lo más preocupante es el nivel de desconexión con la realidad del problema. Lejos de prevenir conductas, múltiples estudios advierten que el consumo de este tipo de material puede intensificar impulsos y aumentar el riesgo, no reducirlo. Es decir, la idea no solo es moralmente cuestionable, sino también contraproducente y peligrosa.
Reducir un tema tan grave a una lógica simplista, comparándolo con otras conductas, demuestra una falta de criterio alarmante. Aquí no hay espacio para ambigüedades: cualquier planteamiento que normalice, reutilice o justifique contenido de abuso infantil es inaceptable en todos los niveles.
La protección de los menores no es negociable. Y propuestas como esta no aportan nada al debate: lo degradan.
