El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos penales contra Yuriana Juliana “Juli” Peláez Calderón, una mujer de 41 años originaria del sur de Los Ángeles, acusándola de orquestar un secuestro falso relacionado con inmigración. Enfrenta cargos federales por conspiración y por hacer declaraciones falsas a agentes federales, tras supuestamente fingir su secuestro a manos de supuestos cazarrecompensas que, según ella, la entregaron a agentes migratorios (ICE).
Según la denuncia, el incidente simulado comenzó el 25 de junio, cuando fue reportada como desaparecida desde un restaurante Jack in the Box en el sur de Los Ángeles. Días después, el 30 de junio, su familia realizó una conferencia de prensa en la que alegaron que había sido secuestrada y llevada a un centro cercano a la frontera en San Ysidro, donde fue presionada para firmar una orden de autodeportación. También se difundió una fotografía que supuestamente mostraba su “rescate”.
Además, se lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe solicitando $4,500 para apoyar a su familia. El caso atrajo la atención de activistas y políticos locales, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien compartió la historia en sus redes sociales el 1 de julio. Sin embargo, la narrativa comenzó a desmoronarse cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación. Las autoridades federales descubrieron, mediante registros telefónicos y cámaras de vigilancia, que Peláez Calderón no había sido secuestrada. En realidad, se había estado desplazando libremente y fue localizada el 5 de julio en un centro comercial en Bakersfield, sin estar bajo custodia ni vigilancia. El DHS describió el caso como un “engaño elaborado” que desvió recursos federales y generó alarma pública con acusaciones falsas contra agentes del ICE.
El fiscal federal Bill Essayli declaró que se trató de “una conspiración bien orquestada” diseñada para desacreditar el sistema migratorio y manipular la opinión pública. Si es declarada culpable, Peláez Calderón enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo. Las autoridades no descartan presentar cargos adicionales contra otras personas que pudieran haber participado en el esquema.
El caso ha provocado fuertes reacciones públicas, especialmente por la rapidez con la que la historia falsa se difundió en medios y redes sociales sin verificación. También ha generado preocupación sobre la responsabilidad de figuras públicas al amplificar relatos no confirmados y sobre el mal uso de plataformas de recaudación de fondos con fines fraudulentos.
