Las declaraciones de Irene Montero sobre la crisis de vivienda en España vuelven a poner en evidencia una visión ideológica que desplaza la responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos y convierte la expropiación en una herramienta política normalizada. Bajo el argumento de combatir la especulación, Montero señala directamente a los llamados “grandes tenedores” —personas o entidades con más de diez viviendas— como culpables del encarecimiento del mercado, justificando incluso la expropiación masiva como un mecanismo “legítimo” y necesario.
Su discurso parte de una premisa peligrosa: que la propiedad privada deja de ser fruto del esfuerzo y pasa a ser un acto casi inmoral cuando genera renta. Según esta lógica, quien ahorra, invierte y adquiere viviendas no lo hace por mérito, sino por “rentismo parasitario”, una etiqueta ideológica que criminaliza la inversión y desincentiva cualquier iniciativa privada. Montero sostiene que el valor de la vivienda no pertenece a su propietario, sino al “esfuerzo colectivo”, una afirmación que diluye el derecho de propiedad y abre la puerta a la confiscación arbitraria.
El problema de fondo es que su diagnóstico ignora deliberadamente el verdadero origen de la crisis: décadas de políticas públicas fallidas, exceso de regulación, trabas a la construcción, impuestos elevados, inseguridad jurídica y una drástica caída en la oferta de vivienda. En lugar de asumir la responsabilidad del Estado por no facilitar suelo, permisos ni incentivos para construir, el foco se pone en castigar a quienes sí participaron en el mercado.
Presentar la expropiación como una solución “social” no solo es económicamente irresponsable, sino profundamente peligrosa. La experiencia internacional demuestra que cuando se ataca la propiedad privada, la inversión huye, la oferta se reduce aún más y los precios terminan subiendo. Lejos de ayudar a las familias, estas políticas generan escasez, deterioro urbano y mercados paralelos, como ya se ha visto en ciudades donde se aplicaron controles agresivos de alquiler.
La narrativa de Irene Montero no busca solucionar la crisis, sino señalar enemigos. Sustituye la creación de vivienda por la amenaza de expropiación, el estímulo a la inversión por el castigo, y la seguridad jurídica por la incertidumbre. En lugar de facilitar que haya más viviendas y precios más bajos, propone repartir la escasez.
La vivienda es un problema real, pero convertirla en un arma ideológica y justificar la expropiación como algo deseable no es valentía política: es admitir que el Estado ha fracasado y que, en lugar de corregir sus errores, prefiere apropiarse del esfuerzo ajeno.
