Irene Montero y la vivienda: radicalización discursiva y presión callejera dntro de la izquierda
Las recientes declaraciones de Irene Montero, en las que califica como “imperdonable” la política de vivienda del PSOE y afirma que “las calles tienen que arder” como forma de presión social, han vuelto a generar cuestionamientos entorno a la impunidad del lobby feminista. Estas palabras no solo revelan la profunda fractura interna de la izquierda, sino también una peligrosa normalización del lenguaje de confrontación que erosiona la convivencia democrática y la seguridad jurídica. Cuando las políticas públicas no se ajustan al dogma ideológico, la respuesta propuesta es la violencia y el desorden.
El Gobierno anunció recientemente nuevas medidas de alivio fiscal y beneficios tributarios vinculados, según sus promotores, a la dinamización económica y al mercado inmobiliario. Para sectores de la izquierda, estas decisiones son interpretadas como concesiones a propietarios y “rentistas”, un término utilizado de manera peyorativa para deslegitimar la propiedad privada.
La crisis de vivienda no se resuelve con consignas incendiarias ni con llamados a “arder” las calles. Al contrario, este tipo de retórica ahuyenta la inversión, paraliza la construcción y genera un clima de incertidumbre que termina agravando el problema que dice combatir. La experiencia internacional demuestra que los mercados inmobiliarios requieren estabilidad normativa, seguridad jurídica y estímulos claros a la oferta.
Resulta significativo que las críticas de Montero se dirijan contra el PSOE, su antiguo socio de gobierno. Este enfrentamiento evidencia la lucha por el liderazgo del espacio ideológico de la izquierda y la competencia por capitalizar el descontento social.
La defensa de la propiedad privada no es incompatible con políticas sociales eficaces. De hecho, los países con mayor acceso a vivienda asequible suelen combinar incentivos a la construcción, colaboración público-privada y reglas claras para propietarios e inquilinos.
Decir que “las calles tienen que arder” puede presentarse como metáfora, pero en una sociedad tensionada e invadida de criminales, tiene efectos reales. Legitima el desorden, valida la presión extrainstitucional y debilita el Estado de derecho.
En definitiva, las palabras de Irene Montero reflejan una estrategia de provocación ideológica que prioriza la movilización sobre la gestión.
