La eurodiputada del Parlamento Europeo, Irene Montero, ha dejado claro con sus palabras que está dispuesta a justificar cualquier tipo de acción radical bajo el pretexto de la izquierda, incluso cuando eso implica pisotear normas básicas de convivencia.
Cuando Montero minimiza algo tan serio como invadir propiedad privada o subirse a estructuras como forma de protesta, no está defendiendo derechos: está normalizando el desorden. Pretender que estas acciones son aceptables es una falta total de respeto hacia quienes sí cumplen la ley y trabajan dentro de un marco democrático.
Decir que España tiene un “problema democrático” porque no hay huelgas generales es una afirmación completamente desconectada de la realidad. La democracia no se mide por el nivel de caos en las calles ni por cuántas veces se paraliza un país. Se mide por instituciones que funcionan, por estabilidad y por respeto a las reglas del juego.
Lo más grave es que parece añorar un escenario de confrontación constante, como si bloquear ciudades, afectar a trabajadores y perjudicar a pequeños negocios fuera algo positivo. Esa visión no solo es irresponsable, es peligrosa. Las huelgas no son un espectáculo ni una herramienta para imponer ideologías; tienen consecuencias reales sobre millones de personas.
Además, su discurso intenta justificar acciones ilegales apelando a causas emocionales, lo cual es una estrategia que evita asumir responsabilidades. Defender a alguien detenido está dentro de lo legítimo; justificar el desorden y la confrontación no lo está.
Desde una posición de poder en Europa, este tipo de mensajes no solo reflejan una falta de criterio, sino una preocupante disposición a erosionar el respeto por la ley cuando conviene a una narrativa política. No es defensa de derechos, es una invitación al caos disfrazada de lucha social.
