Maduro: «Es una gran alegría poder entregar el Banco Central de Venezuela a su presidente.
Anunciar que Venezuela ya está siendo con… Disculpen, pero esto es pesado. Déjenme hacer el esfuerzo, y luego seguiré hablando. A la una, a las dos, a las tres.
Y Venezuela está cumpliendo con los más estrictos estándares internacionales, refinando lingotes de oro para sus reservas nacionales e internacionales, para su desarrollo, con su propio oro.
Y ahora procedo a entregar 1 tonelada de lingotes de oro a las reservas del Banco Central de Venezuela. Hecho por la clase trabajadora minera venezolana. Nadie nos detendrá.»
La explotación laboral en la minería de oro en Venezuela es una problemática grave que afecta a miles de trabajadores, incluyendo a comunidades indígenas y niños. El Arco Minero del Orinoco (AMO), establecido en 2016, abarca aproximadamente 111,843 km², lo que representa el 12.2% del territorio nacional. Aunque fue creado con el propósito de regular la extracción de minerales y generar ingresos para el país, en la práctica ha fomentado actividades ilegales y condiciones laborales abusivas.
Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), alrededor de 500,000 trabajadores están involucrados en actividades mineras ilegales dentro del AMO. De estos, casi la mitad son menores de edad, lo que evidencia una alarmante prevalencia de explotación infantil en la región. Además, muchas personas indígenas han sido coaccionadas para trabajar en las minas bajo amenaza de violencia, y quienes se resisten enfrentan represalias violentas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en 2020 que los trabajadores en el AMO están sometidos a graves abusos y violencia, resultando en al menos 149 muertes desde 2016.
Además de las violaciones laborales, la minería en el AMO ha provocado una crisis ambiental significativa. Entre 2016 y 2020, se perdieron aproximadamente 140,000 hectáreas de bosque debido a la deforestación causada por estas actividades. Esta degradación ambiental ha forzado a comunidades indígenas y rurales a migrar hacia ciudades intermedias como Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar, enfrentando nuevos desafíos relacionados con la sobrepoblación y la falta de servicios básicos.
La contaminación del agua con mercurio, utilizada en el proceso de extracción de oro, ha afectado gravemente la salud de las comunidades locales. Un estudio en la cuenca del río Caura, afluente del Orinoco, reveló que el 92% de las mujeres indígenas presentaban niveles elevados de mercurio, lo que puede dañar los riñones y el cerebro, además de afectar el desarrollo fetal.
En resumen, la explotación laboral en la minería de oro en Venezuela, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, ha generado serias violaciones de derechos humanos y daños ambientales. La prevalencia de trabajo forzado, incluyendo la explotación infantil, junto con la violencia y la degradación ambiental, subraya la necesidad urgente de intervenciones para proteger a las comunidades afectadas y restaurar el equilibrio ecológico en la región.
