María Herrera Mellado: “Cualquier persona que transgreda la ley debe enfrentar cargos”
En una entrevista reciente, la abogada y analista legal María Herrera Mellado reiteró con firmeza un principio que, según ella, es esencial para la supervivencia del Estado de derecho en Estados Unidos: nadie debe estar por encima de la ley. Sus declaraciones surgen en el contexto del debate sobre la posible imputación de James Comey, exdirector del FBI, acusado por sectores conservadores de haber mentido al Congreso y de haber manipulado políticamente procesos judiciales con fines partidistas.
Herrera Mellado explicó que, independientemente del cargo o afiliación política, toda persona que haya transgredido las leyes constitucionales de la nación debe rendir cuentas ante la justicia. “Cualquier individuo que haya mentido al Congreso de los Estados Unidos, ya sea James Comey o cualquier otro, debe enfrentar cargos, conforme a la ley y dentro de los límites constitucionales”, declaró. La analista subrayó que, aunque durante años ciertos sectores del Departamento de Justicia (DOJ) evitaron tomar medidas, la verdad y la justicia no pueden ser selectivas.
Desde su perspectiva, el problema radica en la politización del sistema judicial, una práctica que —según ella— ha sido promovida por el Partido Demócrata y por figuras que instrumentalizan la ley para proteger a sus aliados y castigar a sus opositores. “Todos sabemos qué partido y qué individuos politizaron el Departamento de Justicia y encubrieron actividades que eran completamente ilegales”, señaló Herrera Mellado. Para ella, los ciudadanos estadounidenses exigen igualdad ante la ley, sin excepciones, sin privilegios y sin uso partidista del aparato judicial.
La analista enfatizó que, durante los últimos años, muchos republicanos han sido procesados y perseguidos judicialmente, incluso cuando los cargos presentaban fundamentos débiles o carecían de sustento jurídico sólido. “Si ellos enfrentaron a la justicia estadounidense, ¿por qué otros no habrían de hacerlo?”, cuestionó. En su opinión, el doble rasero en la aplicación de la ley ha erosionado la confianza pública y ha dañado la integridad institucional del país.
Herrera Mellado también hizo referencia a un punto crucial: mentir ante el Congreso de los Estados Unidos no es un acto menor, sino un crimen federal grave que atenta contra la transparencia del gobierno y el principio de rendición de cuentas. “No importa cuándo se cometan los delitos”, dijo. “Si alguien engaña al Congreso, oculta información o manipula datos para alterar el resultado potencial de una elección presidencial, debe ser investigado y acusado”.
Su mensaje fue claro: los estadounidenses necesitan hechos verificados, no narrativas políticas. En una época donde la verdad se diluye entre versiones ideologizadas, Herrera Mellado insistió en que el público tiene derecho a saber por qué ocurrieron ciertos hechos y quiénes deben responder ante la justicia. “Más que nunca, el pueblo estadounidense necesita conocer la verdad sobre lo sucedido y saber si esas personas deben enfrentar cargos”, puntualizó.
Las declaraciones de Herrera Mellado reflejan una postura coherente con los principios conservadores que defienden el respeto irrestricto a la Constitución, la separación de poderes y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones judiciales. Su análisis pone sobre la mesa una advertencia contundente: el uso político del Departamento de Justicia no solo debilita la ley, sino que abre la puerta a un peligroso precedente donde la justicia depende de la ideología dominante.
En tiempos de profunda división política, la voz de María Herrera Mellado se levanta como un recordatorio de que la justicia debe ser ciega, imparcial y firme. No puede haber impunidad para nadie, sin importar el cargo, la influencia o el color del partido. La justicia, concluyó, “no puede ser una herramienta al servicio del poder, sino el escudo de la libertad”.
