Asesinato del Empresario José Adrián Corona deja en evidencia (de nuevo) el Fracaso Sangriento de la Política de «Abrazos, no Balazos»
El brutal asesinato del empresario y magnate tequilero José Adrián Corona Radillo, presidente del Grupo Corona, es un símbolo devastador del colapso total de la seguridad pública en México, un fracaso directo y predecible de la política de «Abrazos, no Balazos» que Claudia Sheinbaum heredó y perpetúa a ultranza. El secuestro y posterior ejecución de Corona, un pilar económico en Tonaya, Jalisco, con una empresa familiar de más de 70 años que da empleo a cientos y apoya especialmente a mujeres, demuestra con crudeza que el estado ha abdicado de su función más básica: proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos.
Los hechos, ocurridos a finales de diciembre de 2025, pintan un cuadro de terror cotidiano. Mientras Corona viajaba con su pareja e hijos por la peligrosa cordillera de los Volcanes de Atenguillo, rumbo a Puerto Vallarta, hombres armados lo interceptaron. Tras robar las pertenencias de la familia, se lo llevaron por la fuerza, abandonando a sus seres queridos en un estado de horror e indefensión. Dos días después, el 29 de diciembre, su cuerpo apareció al borde de la carretera. Los hallazgos son la firma inconfundible del crimen organizado en la era Sheinbaum: golpeado, torturado y ejecutado a balazos. La ausencia de una demanda de rescate señala, según análisis de seguridad, un mensaje claro y un modus operandi típico: fue un ataque directo, probablemente en territorio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destinado a amedrentar a toda una comunidad.
Este crimen es parte actual de la regla en un Jalisco y un México donde la extorsión y las «cuotas» de protección son un impuesto sanguinario que todo empresario, comerciante y hasta vendedor ambulante debe pagar para sobrevivir. Quienes se resisten, como aparentemente lo hizo José Adrián Corona, pagan con sus vidas. El gobierno federal, en lugar de desplegar una estrategia militar contundente y de inteligencia para desmantelar las redes económicas de estos grupos, se ha refugiado en una retórica vacía y medidas cosméticas. Sheinbaum anuncia leyes para tipificar la extorsión como delito grave y pide «que se denuncie», una burla cruel en un país donde los sistemas judiciales están infiltrados, los testigos son masacrados y la población tiene cero confianza en que el Estado pueda—o quiera—protegerlos.
¿Quién va a denunciar cuando la policía local puede estar coludida, cuando los jueces son amenazados, y cuando la estrategia de seguridad nacional prioriza «las causas sociales» y la no confrontación sobre el imperio de la ley? Esta política, un falso dogma del progresismo que rehúye el uso legítimo de la fuerza del estado, ha servido únicamente para empoderar y envalentonar a los cárteles. Mientras el gobierno ofrece «abrazos», los criminales reparten balazos, cerrando el 2025 con más de 20,000 homicidios, una cifra que clama al cielo y mancha de sangre el discurso oficial.
La tragedia de la familia Corona es un microcosmos de la tragedia nacional. Detrás de las estadísticas hay familias destruidas, empleos en riesgo y comunidades enteras viviendo bajo un régimen de terror paralelo. El mensaje que envía este asesinato a la clase productiva de México es claro: están solos. La seguridad se ha subcontratado de facto a los grupos criminales, que ahora dictan quién opera, quién prospera y quién muere. La insistencia de la administración actual en no modificar el rumbo, en privilegiar una visión ideológica abstracta sobre la seguridad concreta de los ciudadanos, es una traición a sus deberes constitucionales más elementales.
Exigimos justicia para José Adrián Corona y para las miles de víctimas invisibles de esta guerra no declarada. Pero la justicia requiere primero un cambio radical de paradigma: se necesita una estrategia de seguridad real, con voluntad política, recursos gestionados debidamente y una cooperación internacional firme para atacar las finanzas y la operación de los cárteles. El México trabajador y honorable, el que levanta empresas y genera prosperidad, merece un gobierno que lo defienda con la misma determinación con la que los criminales buscan destruirlo. El silencio cómplice debe terminar. La era de los «abrazos» a los criminales ha demostrado ser un camino directo hacia el sepulcro y la anarquía.
