La República Dominicana reafirmó su compromiso inquebrantable con la democracia, señalando que siempre se colocará del lado del orden democrático, sin importar el lugar, el momento o los actores involucrados. En coherencia con esos principios, el gobierno dominicano reiteró que no reconoce la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro ni otorga legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular.
Al mismo tiempo, el país dejó claro que no avala hechos consumados, pero subrayó la necesidad de evitar que continúe el deterioro de la paz social y la vulneración de la integridad del pueblo venezolano. En este contexto, identificó dos prioridades inmediatas: preservar el funcionamiento básico de las instituciones del Estado y avanzar en la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que conduzca a una transición democrática.
Dicha transición, enfatizó la República Dominicana, debe enmarcarse sin ambigüedades en los principios fundamentales del orden internacional, entre ellos la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Estos principios, consagrados en la Carta de la OEA, el Pacto de Bogotá y la Carta Democrática Interamericana, deben reflejarse en cualquier salida a la actual crisis en Venezuela.
