La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó con dureza a la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25 % a productos mexicanos, una medida que Washington justifica por el impacto del tráfico de fentanilo que cruza la frontera y la falta de cooperación efectiva para frenarlo. Lejos de asumir responsabilidades, Sheinbaum optó por confrontar al gobierno estadounidense y deslindar por completo a su administración de cualquier vínculo con el crimen organizado.
Durante su mensaje, la mandataria recordó que durante más de 30 años no existieron este tipo de aranceles debido a los acuerdos de libre comercio, incluido el más reciente firmado por Andrés Manuel López Obrador con el propio Trump. Afirmó que la medida afectará a ambos países, pero insistió en que el mayor impacto económico recaerá en Estados Unidos por el aumento de costos de los productos importados desde México.
Sheinbaum calificó como “terriblemente irresponsable” que la Casa Blanca haya señalado presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, y rechazó de manera tajante cualquier insinuación en ese sentido. En lugar de abordar el fondo del problema —la expansión del narcotráfico y la violencia que mantiene a amplias regiones del país bajo control criminal—, la presidenta aseguró que la verdadera responsabilidad de las muertes por sobredosis recae en Estados Unidos, acusando a ese país de no hacer lo suficiente para frenar la venta ilegal de drogas dentro de su propio territorio.
Sin embargo, críticos señalan que este discurso evade una realidad evidente: México enfrenta una crisis profunda de seguridad, con cárteles que operan con impunidad, controlan territorios, rutas de tráfico y economías locales, mientras el gobierno insiste en una estrategia que minimiza o justifica el poder del crimen organizado. La negativa sistemática a confrontar directamente a los narcotraficantes ha generado tensiones crecientes con Washington.
Desde la perspectiva del gobierno de Trump y de quienes respaldan su postura, los aranceles no son un castigo arbitrario, sino una herramienta de presión ante la falta de resultados concretos por parte de México en el combate al fentanilo, una droga que ha provocado decenas de miles de muertes en Estados Unidos. Para estos sectores, señalar únicamente a la demanda estadounidense sin enfrentar la producción, el tráfico y la protección criminal dentro de México es una postura incompleta y peligrosa.
El choque entre ambos gobiernos deja al descubierto una fractura de fondo: mientras Estados Unidos exige acciones firmes y medibles contra el narcotráfico, la administración de Sheinbaum responde con discursos de victimización y confrontación política, en un país que, para muchos mexicanos, “se cae a pedazos” bajo el peso de la violencia, la impunidad y la expansión del poder criminal.
