En un acontecimiento alarmante, Álvaro Nieto, director del medio español THE OBJECTIVE, fue expulsado de Venezuela sin una explicación oficial. El periodista había viajado a Caracas para cubrir la situación política tras las elecciones presidenciales, pero su presencia fue considerada indeseada por las autoridades venezolanas, quienes lo sometieron a dos horas de interrogatorio antes de deportarlo a España.
Nieto no fue maltratado físicamente durante su detención, pero la falta de explicaciones y la negación de su derecho a comunicarse con la embajada española evidencian un patrón preocupante. El personal de la aerolínea Estelar/Iberojet mostró apoyo a Nieto, contrastando con la actitud de las autoridades venezolanas.
El hecho de que las autoridades venezolanas intentaran retrasar el vuelo para deportarlo sin causa aparente subraya la falta de transparencia y el uso del poder para silenciar voces críticas.
La expulsión de Nieto no es un caso aislado. La represión a la prensa en Venezuela se ha intensificado, especialmente hacia aquellos que critican al régimen de Nicolás Maduro. La semana previa, una delegación del Partido Popular fue también expulsada, y se han registrado al menos 15 deportaciones de periodistas internacionales en medio de las protestas populares recientes.
Entre los periodistas deportados se encuentra Cake Minuesa, un reportero español conocido por su cobertura crítica de la situación en Venezuela. Minuesa fue detenido junto a su equipo mientras intentaban informar sobre las manifestaciones en Caracas. A pesar de no haber recibido cargos formales, fueron escoltados al aeropuerto y obligados a abandonar el país.
Otros periodistas afectados incluyen a Roland Carreño, un periodista venezolano que también ejerce como asesor del partido político Voluntad Popular. Carreño fue arrestado sin orden judicial y se le impidió comunicarse con sus abogados durante varios días. Además, la Televisión Nacional de Chile denunció la desaparición de dos de sus periodistas, quienes habían viajado a Venezuela para cubrir las elecciones y las posteriores protestas. En la última semana ha habido al menos 17 muertos y 1.200 detenidos
El caso de Álvaro Nieto y los otros periodistas deportados ilustran cómo la libertad de prensa está siendo amenazada de manera crítica en Venezuela. La represión de periodistas que intentan informar sobre la situación en el país refleja un régimen que teme el poder de la información y la capacidad de los medios para influir en la opinión pública.
La expulsión de Nieto podría estar vinculada a su trabajo previo, como el libro Conexión Caracas-Moncloa, que expone los vínculos entre el régimen de Maduro y el gobierno español de Pedro Sánchez. Esta relación tensa ha llevado a las autoridades venezolanas a ver a Nieto como una amenaza, optando por eliminar su presencia en el país para evitar cualquier cobertura negativa.
El incidente ha generado críticas internacionales y llamado la atención sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La falta de respuesta por parte del Gobierno español a la situación de Nieto subraya la necesidad de una postura más firme en defensa de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas. En la última semana ha habido al menos 17 muertos y 1.200 detenidos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras han condenado estas expulsiones y detenciones arbitrarias, instando a la comunidad internacional a presionar al régimen de Maduro para que respete los derechos humanos y la libertad de prensa.
La deportación de Álvaro Nieto y el acoso a otros periodistas son claros indicios de un régimen que busca controlar la narrativa a través de la represión y el miedo.
El caso de Nieto plantea una pregunta crucial: ¿Hasta qué punto puede un gobierno ir para silenciar a quienes desafían su autoridad? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la libertad de expresión en Venezuela y más allá.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Además, se desempeña como Administradora General en Medicina Integradora, gestionando la clínica y generando proyectos en diversas áreas. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Additionally, she serves as the General Administrator at Medicina Integradora, overseeing the clinic and generating projects in various areas. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.