Venezuela en crisis: Enrique Márquez lidera campaña contra el fraude electoral
Joana Campos 
El país sudamericano, que ha soportado años de crisis política y económica bajo el mando del sucesor de Hugo Chávez, enfrenta una nueva ola de protestas y reclamos, esta vez centrados en el aparente fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La denuncia liderada por Enrique Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha dado un nuevo impulso a la oposición, que no solo cuestiona los resultados electorales, sino también el papel del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y su sentencia en favor de Maduro.
Enrique Márquez, exrector del CNE, lanzó una campaña de recolección de firmas con el objetivo de presentar un Recurso de Revisión Constitucional ante el TSJ. Esta iniciativa tiene como propósito anular la sentencia que ratificó a Maduro como presidente electo para un tercer mandato.
Márquez argumenta que el fallo es inconstitucional y que vulnera el derecho del pueblo venezolano a través del sufragio, al no haberse presentado las actas electorales desglosadas ni los detalles del proceso de auditoría que supuestamente legitimó el triunfo de Maduro.
“El 28 de julio los venezolanos ejercimos nuestro derecho al voto y expresamos nuestro deseo de cambio en paz. Un derecho que está siendo vulnerado ante la omisión del CNE, que aún hoy no ha publicado los resultados electorales desagregados mesa por mesa y acta por acta”
La oposición y muchos analistas coinciden en que la sentencia del TSJ no tiene base sólida, ya que el CNE no ha cumplido con su deber de transparencia al no publicar los resultados electorales completos mesa por mesa.
De hecho, Márquez ha sido enfático al señalar que no se proporcionaron detalles del peritaje que supuestamente validó los resultados. «Nadie pudo aportar un experto, nadie pudo poner a un testigo», afirmó en una reciente declaración, resaltando la falta de transparencia del proceso.
Este gran fraude electoral ha sido denunciado no solo por la oposición venezolana, sino también por la comunidad internacional. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea se han pronunciado en contra de los resultados de las elecciones, denunciando irregularidades y la falta de observadores independientes.
María Corina Machado, una de las líderes más destacadas de la oposición, ha sido contundente en su denuncia del proceso electoral y ha exigido sanciones más severas contra el régimen de Maduro.
El proceso electoral en cuestión se llevó a cabo en medio de un clima de represión y censura, donde los medios de comunicación independientes y los líderes opositores fueron silenciados. Se ha exigido a la Sala Constitucional que se declare la inconstitucionalidad de la sentencia número 31, pero no ha tenido transparencia el pueblo venezolano.
Seguimos apegados y defendiendo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para lograr la paz. En los días siguientes solicitaremos ante la Sala Constitucional del TSJ, se declare nula por inconstitucional la sentencia número 31 emanada por la Sala Electoral y los efectos que esta tenga sobre el pueblo venezolano. A partir del lunes compartiremos el recurso y los mecanismos para que los venezolanos y venezolanas que quieran sumarse a esta causa, dentro y fuera del país puedan hacerlo.
Además, la falta de acceso a observadores internacionales independientes profundiza las dudas sobre la legitimidad de los resultados. Según la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos de la oposición, el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra exiliado en España. Esta plataforma ha publicado en su página web más del 80% de las actas electorales que supuestamente demuestran el fraude perpetrado por el régimen.
Uno de los puntos más álgidos de esta crisis electoral es la usurpación de funciones que ha llevado a cabo el TSJ. Al intervenir en la validación de los resultados electorales, el tribunal habría asumido funciones que son exclusivas del CNE, lo que representa una violación directa a la Constitución venezolana.
Según Enrique Márquez, este acto refleja la subordinación de las instituciones judiciales al régimen de Maduro, que utiliza su poder para perpetuarse en el poder sin importar la voluntad popular.
Es importante señalar que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha estado controlado por leales al chavismo durante años. Esto ha permitido al régimen consolidar su control sobre todos los aspectos de la vida política del país, incluida la manipulación de los procesos electorales a su favor.
El fallo de la Sala Constitucional que ratificó a Maduro como presidente electo ha sido considerado por muchos como una herramienta más en el arsenal del régimen para perpetuarse en el poder.
A pesar de la represión y la desesperanza generalizada que afecta a gran parte de la población venezolana, la iniciativa de Enrique Márquez ha encendido una chispa de esperanza.
Su llamado a la acción a través de la recolección de firmas digitales ha sido bien recibido tanto dentro como fuera de Venezuela. En sus redes sociales, Márquez ha compartido enlaces para que los ciudadanos puedan sumarse a esta iniciativa, que busca invalidar la sentencia del TSJ y restaurar la soberanía del voto en Venezuela.
Los ciudadanos venezolanos, tanto en el país como en la diáspora, pueden participar en esta campaña cívica y democrática registrándose a través de un enlace habilitado en la página web del partido Centrados, del cual Márquez es líder.
La firma de este recurso se llevará a cabo bajo la Ley Orgánica del TSJ y la Ley de Transmisión de Datos Electrónicos, lo que garantiza que la participación ciudadana sea debidamente documentada y presentada ante el tribunal.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.