En enero de 2025, Suiza implementó una ley federal que prohíbe cubrirse el rostro en espacios públicos, aprobada por un ajustado 51,2% en el referéndum de marzo de 2021.
Esta norma, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP), no menciona explícitamente el burka o niqab, pero su aplicación ha encendido el debate sobre la inmigración y la identidad cultural en un país donde el velo integral no forma parte de su tradición religiosa ni histórica.
La primera multa, emitida en Zúrich, expone las tensiones entre seguridad, valores suizos y la creciente presencia de minorías musulmanas.
Una mujer musulmana, residente en Suiza, fue sancionada con 100 francos (unos 110 dólares) por llevar un burka en público, prenda que cubre todo el cuerpo y rostro, salvo una rejilla para los ojos. La mujer, cuya identidad no se ha revelado por leyes de privacidad, se negó a pagar, calificando la multa como «islamofobia evidente». Alegó que la norma atenta contra su libertad religiosa.
La justicia de Zúrich respondió elevando la sanción a 1.000 francos (1.300 dólares), conforme a la legislación federal que castiga el impago con multas de hasta 1.144 euros.
La ley, en vigor desde el 1 de enero de 2025, prohíbe cualquier ocultación facial, ya sea por velos islámicos, máscaras de manifestantes o pasamontañas deportivos, con excepciones para salud, clima, arte o seguridad.
No aplica en lugares de culto ni en propiedades privadas. Sin embargo, su trasfondo apunta a un debate más profundo: la percepción de que el burka, usado por una minoría insignificante, simboliza una amenaza a la cohesión cultural suiza, alimentada por la inmigración descontrolada.
Suiza alberga a unos 400.000 musulmanes, el 5% de sus 8,9 millones de habitantes. La mayoría proviene de los Balcanes, Turquía o Kosovo, comunidades que han crecido desde el 2,2% en 1990. Sin embargo, el uso del burka o niqab es raro: un estudio de la Universidad de Lucerna estima que solo 30-40 mujeres lo usan, muchas de ellas turistas del Golfo Pérsico.
Este dato refuerza la crítica de que la ley es simbólica, dirigida a una práctica casi inexistente, pero que aviva temores sobre la integración de inmigrantes.
El referéndum de 2021 reflejó una Suiza dividida: el apoyo fue mayor en áreas rurales conservadoras, mientras que ciudades como Zúrich y Ginebra lo rechazaron. El gobierno y el Parlamento se opusieron inicialmente, temiendo daños al turismo y a la imagen de neutralidad suiza.
La ONU y Amnistía Internacional criticaron la ley por discriminar a las mujeres musulmanas, argumentando que refuerza su exclusión social. Europa no es ajena a estas restricciones. Francia (2011), Bélgica, Austria y Dinamarca ya prohíben velos integrales, citando seguridad e integración. En Francia, la multa es de 150 euros; en Dinamarca, una mujer fue sancionada en 2018.
El burka, ausente en la tradición suiza, es visto por muchos como un símbolo de desarraigo cultural, exacerbado por flujos inmigratorios que han transformado la demografía europea.
Auí nace el debate: para los conservadores, el burka representa una afrenta a los valores de transparencia y equidad suizos y para las afectadas, es una expresión de fe personal, no una amenaza. La inmigración descontrolada, que ha traído prácticas ajenas a la cultura local, intensifica el choque.
En un país donde la democracia directa define las leyes, el 51,2% ha hablado, pero la división persiste.
Suiza, cuna de libertades, opta por proteger su identidad frente a lo que percibe como una intrusión cultural. El burka, usado por pocas mujeres, no es una tradición suiza ni europea, sino un producto de flujos inmigratorios que desafían la cohesión social.
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