May. 2, 2026 10:53 am
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El martes 14 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, una camioneta pickup estacionada en la avenida José Joaquín de Orrantia, frente al Mall del Sol, explotó con violencia.

El estallido, calificado como acto terrorista por el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, ocurrió junto a un edificio del Grupo Nobis, empresa de la familia del presidente Daniel Noboa.

El saldo es devastador: un taxista murió, más de 30 personas resultaron heridas, dos en estado grave, según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

La explosión desató el caos en una de las zonas más concurridas de la ciudad, un centro financiero con hoteles, bancos, hospitales y restaurantes. El vehículo, envuelto en llamas, atrajo al taxista y otros curiosos antes de una segunda detonación que esparció escombros, destrozó vidrios de edificios cercanos y dañó autos estacionados.

Videos captados por testigos muestran el horror: fuego intenso seguido de un estruendo que se sintió a varias cuadras, audible en transmisiones de radio y televisión locales. Cientos de personas en el Mall del Sol corrieron despavoridas, buscando refugio dentro del complejo comercial.

La respuesta de las autoridades fue inmediata, la Policía Nacional acordonó la zona, mientras militares y bomberos se desplegaron para controlar la situación. Diez ambulancias atendieron a los heridos, trasladándolos a hospitales cercanos, y se brindó apoyo psicológico a testigos en crisis.

Un segundo vehículo sospechoso con explosivos fue hallado cerca y neutralizado mediante una detonación controlada. El ministro del Interior, José Reimberg, aseguró que el artefacto no era artesanal, sino una bomba profesional diseñada por grupos criminales para sembrar terror.

La Fiscalía abrió una investigación, recolectando imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones. Cámaras municipales captaron dos vehículos saliendo de la Cooperativa San Francisco, frente a la Penitenciaría del Litoral, aunque solo uno detonó.

Todo esto es parte de la escalada de violencia que asfixia a Ecuador, en el primer semestre de 2025, el país registró 4.619 homicidios, un 47% más que los 3.143 del mismo período en 2024. Hasta agosto, los asesinatos superaron los 5.200, con Guayaquil concentrando un tercio de ellos.

Desde enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un «conflicto armado interno» contra 22 bandas, etiquetadas como terroristas.

Guayas permanece bajo estado de excepción desde agosto de 2025, con militares patrullando las calles. Sin embargo, las pandillas responden con ataques cada vez más audaces, infiltrando cárceles y golpeando símbolos de poder como el Grupo Nobis, emblema de estabilidad económica. El atentado parece un mensaje directo al gobierno.

La situación se agrava con protestas sociales. El 7 de octubre, la caravana presidencial fue apedreada en el sur del país por alzas en el diésel, dejando vidrios rotos. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de nivel 2, advirtiendo sobre crimen, terrorismo y secuestros, y recomendando evitar el Mall del Sol y el aeropuerto cercano.

Por otro lado, sumándole más escándalo a este terrible incidente, el expresidente Rafael Correa en redes sociales sugirió que el atentado con cochebomba ocurrido en los alrededores del Mall del Sol, en Guayaquil, podría haber sido “un autoatentado”.

Su comentario desató indignación generalizada, ya que periodistas, figuras públicas y ciudadanos consideraron que difundir teorías sin pruebas en un momento de crisis es irresponsable y carente de empatía.

Además, en medio de la conmoción nacional, una publicación de 2024 atribuida a Correa volvió a circular, en la que el exmandatario hablaba sobre posibles atentados con explosivos en Ecuador. Su reaparición avivó el debate y fue percibida como una forma de politizar el dolor, cuando la prioridad debía ser respaldar a las víctimas y apoyar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Esta crisis es el legado de políticas débiles de gobiernos izquierdistas previos, que permitieron el avance del narcotráfico. Noboa, con mano dura, ha invertido en inteligencia y fuerzas armadas, pero se necesita más: reformas judiciales estrictas, control de fronteras y cooperación internacional contra los carteles.

Guayaquil resiste, pero el tiempo apremia, las autoridades prometen justicia, y el país espera que no sean palabras vacías.

Este atentado es un grito de guerra: la lucha contra el crimen organizado debe intensificarse ahora o nunca.

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