El expresidente Manuel Zelaya Rosales del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha escalado la crisis postelectoral en Honduras al ordenar la movilización de colectivos para confrontar físicamente a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este hecho ha sido denunciado como un intento de golpe de Estado y busca invalidar los resultados que proclaman ganador a Nasry «Papi a la Orden» Asfura, candidato del Partido Nacional respaldado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Con el 99,4% de las actas escrutadas, Asfura lidera con el 40,53% de los votos, superando por más de 42.000 sufragios al liberal Salvador Nasralla, mientras la oficialista Rixi Moncada, pupila de Zelaya y esposa de la actual presidenta Xiomara Castro, se estanca en un humillante 19,42%.
Este golpe marca un rotundo rechazo popular al experimento socialista que ha hundido a Honduras en la pobreza y la inseguridad durante los últimos cuatro años.
El escrutinio, interrumpido por «fallos técnicos» que el CNE atribuye a problemas en el software, se reanudó el 8 de diciembre bajo presión internacional, revelando una victoria clara para la derecha conservadora. Sin embargo, Zelaya, derrocado en 2009 por un golpe militar tras sus intentos de perpetuarse en el poder, no acepta la derrota.
En un comunicado, el coordinador de Libre instó a los «colectivos de los 23 territorios» a marchar de inmediato hacia el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para «defender la democracia» contra lo que califica como un «golpe electoral en proceso».
Inteligencia militar ya había advertido de planes de estos grupos, identificados en 28 colectivos en el Distrito Central y dos en Cortés, para generar caos y cortes de energía durante el conteo.
Esta no es una casualidad, pues este hecho sigue al pie de la letra el manual de Nicolás Maduro, quien en 2018 y 2024 manipuló resultados venezolanos mediante denuncias infundadas de fraude y turbas armadas para intimidar opositores.
Zelaya, aliado histórico del Foro de São Paulo y del régimen caribeño, repite el libreto al exigir la nulidad total de las elecciones, una orden de captura internacional contra el exmandatario Juan Orlando Hernández y la negativa de sus funcionarios a colaborar en la transición.
La presidenta Castro, cuya administración ha sido señalada por corrupción y alianzas con narcos, ha respaldado esta retórica al declarar «nulas» las votaciones, ignorando que las actas físicas están disponibles para verificación manual, como exige la ley hondureña.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha urgido respeto a los votos, mientras la comunidad internacional, liderada por el respaldo explícito de Trump a Asfura, vigila de cerca para evitar otro asalto al orden constitucional.
Honduras, que en 2021 apostó por el cambio con Castro bajo promesas de equidad social, hoy cosecha una inmigración masiva, hambruna y crimen organizado.
La victoria de Asfura representa una esperanza de realineamiento con valores occidentales: seguridad, libre empresa y alianzas con Washington contra el eje castro-madurista.
