Abr. 29, 2026 8:18 pm
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© Ketanof / Shutterstock

El Parlamento de Andorra ha aprobado hoy una legislación migratoria que transformará radicalmente el perfil demográfico y económico del país. Con esta votación, el Principado marca el fin definitivo de su etapa como un refugio fiscal de fácil acceso, convirtiendo su programa de residencia por inversión -conocido popularmente como Golden Visa- en uno de los más costosos y exclusivos del continente europeo.

Hasta ahora, Andorra era vista por muchos como un lugar accesible para establecer residencia con ventajas fiscales importantes. Esa percepción está cambiando. La nueva legislación obliga a los interesados en la residencia pasiva a invertir un mínimo de 1 millón de euros en activos andorranos, o al menos 800.000 € si se opta por comprar bienes raíces, con opción de 400.000 € a través de un fondo vivienda.

El cambio más polémico, sin embargo, es la eliminación del depósito reembolsable ante la AFA. Este será sustituido por un pago al Estado no recuperable de 50.000 euros para el solicitante principal y 12.000 euros por cada dependiente, un coste que también afectará a los nuevos residentes activos por cuenta propia.

La medida no solo alcanza a quienes buscan la conocida “residencia pasiva”, sino también a quienes desean establecerse como residentes activos por cuenta propia, de modo que se refuerzan los requisitos económicos y administrativos para todos los perfiles.

Andorra ha estado ajustando sus políticas para proteger la disponibilidad de vivienda, garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado de la población y frenar la presión especulativa del mercado inmobiliario.

Las autoridades han señalado que estas reformas forman parte de una agenda más amplia conocida como la Ley de Crecimiento Sostenible y Derecho a la Vivienda, diseñada para que la llegada de nuevos residentes no afecte negativamente a los ciudadanos locales ni al mercado laboral.

La medida está impulsada por preocupaciones de sostenibilidad y la necesidad de un crecimiento demográfico controlado, con lo que Andorra busca dejar de ser una «alternativa fiscal accesible» para convertirse en una jurisdicción de «alta exclusividad».

Ya no será tan sencillo —ni barato— mudarse al principado con fines fiscales o de estilo de vida. Si bien el país sigue abierto a la inversión y a la llegada de extranjeros, quienes aspiren a vivir allí ahora enfrentan barreras económicas mucho más altas.

Hasta hace poco, la idea de trasladarse a Andorra por ventajas fiscales era percibida como relativamente accesible; ahora, con inversiones que superan el millón de euros y pagos no reembolsables, ese panorama cambia completamente.

Este tipo de cambios muestran cómo gobiernos pequeños están reevaluando sus modelos de atracción de capital extranjero, no solo para aumentar ingresos, sino para proteger a sus comunidades locales frente a la especulación y la presión demográfica.

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