El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), asestó un golpe directo a las finanzas del Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más sanguinarias de México, al sancionar el Casino Centenario ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a solo dos millas de la frontera con Texas.
Según el comunicado oficial del 14 de abril de 2026, este casino operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA) funcionaba como una “casa de seguridad” para almacenar pastillas de fentanilo y cocaína, además de servir como vehículo principal para blanquear ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo mediante sus operaciones de juego.
La OFAC detalló que el CDN utilizaba las trastiendas del Casino Centenario no solo para guardar drogas, sino también para torturar e intimidar a supuestos enemigos del cártel. Muchos miembros del grupo criminal frecuentaban el lugar, convirtiéndolo en un punto clave de su red de lavado de dinero y contrabando de efectivo.
Junto al Centenario, también fue sancionado el Casino Diamante en Tampico, operado por la misma empresa CAMSA, así como el sitio web diamantecasino.com.mx. Estas medidas se tomaron bajo las órdenes ejecutivas 14059 (contra la proliferación de drogas ilícitas) y 13224 (contra terroristas y sus facilitadores).
Esta acción forma parte de la tercera ofensiva de la OFAC contra el CDN durante la actual administración estadounidense y busca desmantelar las fuentes de ingresos que sostienen al cártel en la plaza de Nuevo Laredo, una de las más disputadas y violentas del país.
El CDN, antes conocido como Los Zetas y designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por el Departamento de Estado en febrero de 2025, controla rutas de tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, además de tráfico de personas, extorsión y secuestros a ambos lados de la frontera.
Su influencia se extiende por Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, donde usa el terror para sobornar funcionarios, periodistas y controlar el paso de mercancías en el puerto de entrada terrestre más transitado de Estados Unidos.
Además de los casinos y la empresa CAMSA, la OFAC sancionó a tres individuos clave que operan como facilitadores del cártel. Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, dirige las operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo, actúa como “gatekeeper” para los pateros y controla casas de seguridad de efectivo.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, proporciona servicios ilegales a miembros del CDN más allá de una relación normal cliente-abogado y sirve como intermediario del líder encarcelado Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales.
Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos y presentado públicamente como activista de derechos humanos, lidera una campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas en beneficio del cártel desde hace más de una década.
Estas sanciones bloquean cualquier transacción con bienes o intereses en Estados Unidos y envían un mensaje claro: las estructuras que financian el narco, incluso aquellas disfrazadas de negocios legítimos como casinos frecuentados por estadounidenses, no quedarán impunes.
Mientras el fentanilo del CDN sigue matando a miles de estadounidenses cada año y el cártel extorsiona y aterroriza comunidades enteras en la frontera, esta medida refuerza la prioridad de proteger la soberanía y la seguridad nacional frente a la amenaza que representa un cártel que opera con total impunidad en territorio mexicano.
