Los inmigrantes ilegales Marroquíes se esconden y abandonan parques y plazas de Madrid y otras grandes ciudades española
En las últimas semanas, los espacios públicos de las grandes ciudades españolas, especialmente en Madrid, han registrado la desaparición de muchos inmigrantes marroquíes ilegales dicen de parques, plazas y zonas de reunión habituales. Así lo informa el diario marroquí Assabah, que acusa a España de aplicar represión policial contra sus nacionales, sin mencionar los datos más recientes sobre criminalidad ni el contexto actual de inseguridad en ciertos barrios.
Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2025 se emitieron 41.315 órdenes de expulsión y se ejecutaron 3.398 deportaciones de extranjeros (pésimos datos pero al menos un 12% más de deportaciones que en 2024, la cifra más alta en cinco años). Al menos 120 ciudadanos marroquíes identificados como ilegales y ya registrados están sujetos a medidas de extradición o deportación hacia Marruecos. Además, varios implicados en casos penales graves cometidos en territorio español se encuentran en procedimientos de expulsión, lo que requiere estrecha coordinación con las autoridades marroquíes (España mantiene un acuerdo de readmisión con Marruecos desde 1992, renovado en la práctica).
¿Debemos creer esta noticia y celebrarla como un primer paso necesario para recuperar el control de nuestras calles?
Durante años, la inmigración ilegal descontrolada ha generado un “efecto llamada” con consecuencias graves para los españoles. No se trata de rechazar a quien viene a trabajar legalmente y respeta las leyes, sino de poner fin a un modelo que ha priorizado las entradas irregulares.
El coste real para los españoles: más delincuencia, menos oportunidades y más presión fiscal
La inmigración ilegal no es un fenómeno neutro. En barrios de Madrid y otras ciudades se ha constatado un aumento de la delincuencia común, robos con violencia, hurtos y agresiones que afectan especialmente a vecinos de clase media y trabajadora. Fuentes policiales y estudios independientes han señalado durante años que ciertos colectivos, entre ellos nacionales marroquíes en situación irregular, están sobrerrepresentados en estadísticas de detenciones por robos, tráfico de drogas y delitos sexuales. En 2024, los extranjeros representaban alrededor del 31% de la población reclusa (más del doble de su peso en la población), con fuerte sobrerrepresentación de magrebíes en delitos como robos y tráfico de drogas.
Mientras tanto, los españoles soportan uno de los sistemas impositivos más altos de Europa. El dinero público se destina en parte a sostener gasto en acogida, sanidad y educación para una población que no siempre contribuye netamente.
El resultado es visible:
- Tasa de paro juvenil (menores de 25 años) que en 2025-2026 ronda el 23-23,8% (una de las más altas de la UE).
- Dificultad para encontrar empleo estable y vivienda asequible.
- Saturación de servicios públicos.
Los españoles de a pie ven cómo sus impuestos financian un modelo que les deja atrás: menos oportunidades laborales, más inseguridad y la sensación de que España ya no prioriza a sus ciudadanos.
¿La mano dura funciona? No basta con deportar a unos pocos
Que los inmigrantes irregulares se escondan es una buena señal: demuestra que el riesgo real de deportación cambia comportamientos y debilita el “efecto llamada”. Sin embargo, esto es solo el principio.
En 2025, a pesar de las órdenes de expulsión, solo se ejecutó un porcentaje bajo de ellas, y las llegadas irregulares fueron 36.775 (un descenso del 42,6% respecto a 2024, gracias en parte a acuerdos con países de origen).
España necesita una política inmigratoria y de seguridad nacional firme, coherente y centrada en el interés nacional:
- Deportaciones sistemáticas de todos los irregulares sin derecho a permanecer, priorizando a aquellos con antecedentes penales.
- *Fin de las regularizaciones masivas, como la aprobada recientemente por el Gobierno para alrededor de *medio millón de inmigrantes (proceso iniciado en abril 2026 para quienes estaban antes del 31/12/2025 y acrediten al menos cinco meses de permanencia). Estas medidas premian la ilegalidad y generan un nuevo efecto llamada.
- Control estricto de fronteras y acuerdos reales con países de origen (como Marruecos) que incluyan readmisiones rápidas a cambio de cooperación.
- Prioridad absoluta a los españoles en el acceso a empleo, vivienda social y prestaciones. No se puede seguir destinando recursos escasos mientras jóvenes españoles no encuentran oportunidades y los mayores ven presionadas sus pensiones.
La inmigración legal, selectiva y ordenada —la que responde a necesidades reales del mercado laboral y que integra a personas dispuestas a adoptar nuestros valores y leyes— es positiva. La inmigración ilegal masiva, con sus costes en seguridad, cohesión social y economía, es otra muy distinta.
España primero: recuperar la soberanía y el sentido común
Lo que está ocurriendo en Madrid debería ser la norma, no la excepción. Este es un problema estructural que lleva años sin afrontarse con la suficiente determinación. Los españoles están hartos de ver cómo se ignora su seguridad y su bienestar mientras se tolera la ilegalidad.
España no es un país sin fronteras ni un refugio ilimitado. El Gobierno tiene la obligación de defender la soberanía nacional, la cultura española y priorizar la seguridad y el futuro de los españoles.
A escasos meses de las próximas elecciones generales, los españoles se beneficiarían de una mano dura contra la ilegalidad, poniendo fin al “efecto llamada” migratorio y aprobando políticas que pongan siempre por delante a los españoles.
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