“Pusieron una recompensa de 2.000 millones de pesos por mi cabeza”: la candidata presidencial de Colombia Paloma Valencia denuncia complot para su asesinato
En las últimas y volátiles semanas antes de las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo de 2026, la candidata de derecha Paloma Valencia ha lanzado una acusación explosiva: altos funcionarios del gobierno le habrían advertido sobre un plan activo para asesinarla.
La senadora del partido Centro Democrático afirma que el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el ministro del Interior Armando Benedetti y el director general de la Policía Nacional William Oswaldo Rincón le informaron personalmente que el Frente 42, una disidencia de las antiguas FARC, habría puesto una recompensa de 2.000 millones de pesos (aproximadamente 500.000 dólares) por su vida. El encargo, según dijo, habría sido asignado a un criminal conocido como “Buche” o “Buchetula”.
Valencia no dudó en vincular la amenaza con la crisis de seguridad que atraviesa el país. “Esto es inaceptable”, declaró, argumentando que la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro—basada en negociaciones y ceses al fuego con grupos armados—ha fortalecido a los criminales en lugar de pacificar el territorio.
De advertencia oficial a acusación política
La información de inteligencia provendría del propio gobierno. Sin embargo, Valencia fue más allá, presentando el supuesto complot como un síntoma de un problema mayor: el resurgimiento de grupos narcoterroristas durante la actual administración. Tanto ella como otras voces de la oposición señalan que la estrategia de “Paz Total” ha permitido que disidencias de las FARC, especialmente las lideradas por Iván Mordisco, se reorganicen, amplíen su control territorial y aumenten los ataques.
Aunque Valencia no acusa directamente al gobierno de Petro de orquestar el plan, su discurso deja clara su posición sobre la responsabilidad política: años de una “paz negociada” que, según sus críticos, ha derivado en pérdida de control estatal, aumento de los cultivos de coca y fortalecimiento de los grupos insurgentes.
Un país al borde del caos
La denuncia de Valencia surge en medio de un preocupante aumento de la violencia. Hace pocos días, una potente bomba explotó en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, dejando al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos, incluidos niños, en uno de los ataques más letales de los últimos años. Las autoridades atribuyeron el hecho a disidencias de las FARC-EMC. Durante ese mismo fin de semana, el grupo lanzó decenas de ataques con explosivos y drones en el suroccidente del país.
Varios candidatos presidenciales, incluida Valencia y el aspirante de línea dura Abelardo de la Espriella, hacen campaña bajo estrictas medidas de seguridad tras recibir amenazas de muerte. La sombra de la violencia política sigue presente: el asesinato en 2025 del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa siendo una herida abierta en la memoria nacional.
Altas tensiones y profunda polarización
Para los seguidores de Valencia, el presunto complot confirma el mensaje central de su campaña: que la “Paz Total” se ha convertido en una “rendición total”, dejando a Colombia vulnerable frente al narcoterrorismo y poniendo en riesgo a figuras de la oposición democrática.
Sus críticos, en cambio, sostienen que la candidata está utilizando la advertencia con fines electorales, amplificando el miedo y la polarización en una contienda ya fragmentada.
El candidato de izquierda Iván Cepeda lidera actualmente algunas encuestas, mientras que la seguridad se ha convertido en la principal preocupación del electorado.
La controversia también ejerce una fuerte presión sobre el gobierno de Petro, que debe demostrar su capacidad para garantizar la protección de todos los candidatos por igual. Cualquier señal de falla podría erosionar la confianza en el proceso electoral y profundizar las divisiones a pocas semanas de las votaciones.
Conclusión: la democracia bajo fuego
La afirmación de Paloma Valencia—que un grupo narcoterrorista ha puesto una millonaria recompensa por su cabeza tras advertencias directas del Estado—se ha convertido en uno de los puntos más explosivos de la carrera presidencial de 2026.
Ya sea interpretada como una alerta de seguridad legítima, una jugada política estratégica o el reflejo de fallas en la política pública, hay una realidad innegable: las elecciones en Colombia se desarrollan bajo la sombra de la violencia. Con ataques en aumento y una línea cada vez más difusa entre la competencia política y el peligro mortal, las próximas semanas pondrán a prueba no solo a los candidatos, sino la solidez misma de la democracia colombiana.
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