Abr. 21, 2026 3:03 pm
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Miles de peruanos se movilizaron en Lima en la denominada “Marcha por la Democracia”, encabezada por Rafael López Aliaga, en medio de crecientes cuestionamientos al proceso electoral, retrasos en el escrutinio y una disputa extremadamente cerrada por el segundo lugar rumbo a la segunda vuelta presidencial.

La protesta reunió a ciudadanos que exigen transparencia, revisión de actas observadas, rendición de cuentas de las autoridades electorales y respuestas frente a una serie de incidentes que han alimentado la desconfianza pública.

Entre los hechos que han generado controversia figuran retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima, fallas logísticas en la distribución de material electoral, votos y actas sometidas a revisión manual, y una investigación sobre el manejo de material electoral. También se han presentado denuncias políticas contra funcionarios electorales, incluyendo cuestionamientos dirigidos al jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Con aproximadamente 93.5% de las actas contabilizadas, los resultados preliminares ubican a Keiko Fujimori en primer lugar con alrededor de 17.05% del voto. La verdadera batalla se concentra en el segundo puesto, donde Roberto Sánchez registra cerca de 12.0%, mientras Rafael López Aliaga aparece con 11.91%, una diferencia mínima que mantiene el resultado abierto debido a miles de votos y actas aún en revisión. El Jurado Nacional de Elecciones ha señalado el 15 de mayo como fecha límite para definir oficialmente quién pasa al balotaje del 7 de junio.

Manifestantes sostienen que las irregularidades reportadas justifican una revisión exhaustiva. Entre las denuncias planteadas por sectores que respaldan la protesta figuran observaciones sobre actas impugnadas, inconsistencias documentales, custodia del material electoral y preocupaciones por el impacto de errores logísticos en el resultado final.

Al mismo tiempo, es importante señalar que observadores internacionales, incluida la misión de la Unión Europea, han dicho no haber encontrado pruebas de fraude organizado, aunque sí reconocieron problemas logísticos y tensiones que han afectado la confianza en el proceso.

Para los participantes de la marcha, la movilización busca presionar por claridad en un momento en que cada voto puede resultar decisivo. Con una diferencia tan estrecha entre Sánchez y López Aliaga, incluso una pequeña variación en las actas observadas podría alterar quién enfrentará a Fujimori en la segunda vuelta.

Lo que comenzó como una controversia sobre demoras y fallas operativas ha evolucionado en una crisis política mayor, con protestas callejeras, recursos legales, denuncias cruzadas y una creciente demanda ciudadana de transparencia. Mientras el país espera el resultado final, la Marcha por la Democracia se ha convertido en símbolo de una parte del electorado que exige que cada voto sea plenamente auditado y que el proceso recupere credibilidad.

En el contexto de la “Marcha por la Democracia”, Rafael López Aliaga ha mantenido un discurso especialmente crítico con el proceso electoral y las instituciones encargadas del conteo de votos. El líder de Renovación Popular ha afirmado en diversas ocasiones que existieron irregularidades graves durante el escrutinio, llegando a calificar el proceso de “fraude electoral” y compararlo con escenarios de “manipulación institucional” en otros países de la región.

En declaraciones recientes, López Aliaga ha cuestionado directamente la actuación de la ONPE, asegurando que el organismo no habría garantizado plenamente la transparencia del proceso. Incluso ha pedido explicaciones públicas al jefe de la institución, Piero Corvetto, a quien ha responsabilizado políticamente por las demoras y observaciones en el conteo.

Sus declaraciones han sido ampliamente difundidas en medios internacionales como Infobae, donde se recoge que el dirigente llegó a hablar de un supuesto “fraude electoral único en el mundo” y a exigir una revisión exhaustiva de actas observadas, afirmando que miles de votos habrían sido afectados por fallas en el sistema electoral.

En la misma línea, López Aliaga ha insistido en la necesidad de mayor supervisión y transparencia en el proceso, mientras que la JNE Perú mantiene que el proceso de revisión de actas sigue los procedimientos legales establecidos y dentro de los plazos oficiales.

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