En medio del debate nacional sobre los derechos de las personas transgénero, resurgen declaraciones como la de una activista que lamenta no poder utilizar el baño de hombres en ciertos edificios gubernamentales de Estados Unidos debido a leyes que respetan el sexo biológico. Lo que para algunos representa una injusticia, para otros —cada vez más ciudadanos preocupados por el rumbo del país— es simplemente una defensa del sentido común y del orden básico en los espacios públicos.
El llamado “proyecto de ley de biología” aprobado en estados como Florida y Utah establece que el uso de baños en edificios gubernamentales debe corresponder al sexo biológico. Para muchas personas, esto no es una forma de discriminación, sino una política que busca proteger la privacidad, seguridad y claridad legal en un tema que ha sido manipulado por agendas ideológicas.
La queja de que no se puede usar el baño del sexo opuesto o que no siempre hay baños neutrales disponibles, no justifica el argumento de que el sistema está diseñado para excluir. La realidad es que las normas no se construyen en función de percepciones individuales, sino en base a parámetros objetivos, como el sexo biológico, que sigue siendo un criterio válido en múltiples contextos sociales.
Lamentablemente, en el discurso progresista actual, se confunde identidad con derecho, percepción con obligación social. ¿Hasta qué punto debe cambiar toda una infraestructura pública para adaptarse a las necesidades de una minoría, especialmente cuando eso implica incomodidad o inseguridad para la mayoría?
Además, insinuar que las leyes contra el uso de baños por parte de personas trans buscan simplemente «excluir» o «oprimir» es deshonesto. La preocupación legítima sobre quienes podrían abusar de estas políticas flexibles no es un invento conservador, sino un riesgo real. Las normas existen precisamente para prevenir abusos, no porque se presuma que todas las personas actuarán de mala fe, sino porque la ley debe proteger a todos, no solo a quienes se sienten ofendidos por ella.
La verdadera pregunta no es si alguien puede o no orinar en un edificio público, sino si estamos dispuestos a seguir sacrificando la lógica, la biología y la estructura social básica en nombre de una visión radical de inclusión que, en muchos casos, termina excluyendo a quienes solo piden respeto por la realidad.
