Miles de personas salieron a manifestarse en la Ciudad de México y otras ciudades como Guadalajara y Jalisco, en una jornada marcada por el luto nacional por los desaparecidos. Todo explotó tras el hallazgo de un supuesto «campo de exterminio» en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos en fosas clandestinas. Los manifestantes, muchos de ellos familiares de desaparecidos, acusan al gobierno de Sheinbaum de ser omiso y encubrir la violencia del crimen organizado.
En México, hasta el 8 de agosto de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 116,386 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales una gran parte se relaciona con la actividad del crimen organizado.
En un escalofriante hallazgo que sacude a México, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió esta semana un campo de exterminio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. El predio, conocido como Rancho Izaguirre, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), albergaba tres hornos clandestinos, restos óseos calcinados y cientos de pertenencias personales, incluyendo aproximadamente 400 pares de zapatos, ropa, mochilas y una carta de despedida. Las autoridades estiman que al menos 200 personas podrían haber sido víctimas en este macabro escenario, un reflejo de la violencia descontrolada que azota al país.
El descubrimiento tuvo lugar el pasado 5 de marzo, tras una llamada anónima que alertó al colectivo sobre la presencia de restos humanos en el rancho, ubicado en la localidad de La Estanzuela. Acompañados por elementos de la Guardia Nacional, los buscadores encontraron un galerón repleto de objetos personales esparcidos y, tras horas de búsqueda, localizaron los hornos ocultos bajo tierra y una losa de ladrillo, diseñados para dificultar la detección de los crímenes.
Entre los hallazgos más conmovedores está una carta firmada por Eduardo Lerma Nito, un joven de 20 años desaparecido desde febrero de 2024 en Lagos de Moreno, Jalisco, lo que pone rostros y nombres a las víctimas de esta tragedia.
El Rancho Izaguirre no es un desconocido para las autoridades. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional ya había intervenido en el lugar, arrestando a 10 personas y liberando a dos víctimas de secuestro tras un enfrentamiento. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco admitió que no inspeccionó completamente el predio debido a su extensión de casi 10 mil metros cuadrados, dejando pasar por alto los crematorios y fosas que ahora han sido revelados.
Esta omisión ha desatado críticas feroces desde los colectivos de buscadores y la sociedad civil, quienes cuestionan la eficacia y voluntad del gobierno mexicano para enfrentar al crimen organizado.
«El CJNG opera con una impunidad alarmante, y este campo de exterminio es prueba de que el gobierno de Morena, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, ha fracasado en proteger a su pueblo», afirmó Virginia Ponce, coordinadora del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, en una entrevista reciente.
Ponce señaló que el olor a muerte en el lugar era «insoportable» y que las autoridades habían tenido la oportunidad de actuar antes, pero no lo hicieron.
Este caso es un recordatorio sombrío de las políticas de «abrazos, no balazos» promovidas por el gobierno mexicano, las cuales han sido criticadas por su aparente laxitud frente al narcotráfico.
