La presidente de México evalúa la solicitud de repatriación y protección contra la pena de muerte en EE.UU. de ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, en medio de controvertidos cambios constitucionales que blindan a los cárteles terroristas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desatado una tormenta de controversia al revelar que su gobierno está estudiando una carta enviada por el narcotraficante encarcelado Ismael «El Mayo» Zambada.
En esta misiva, el líder del Cartel de Sinaloa solicita ayuda mientras enfrenta una posible cadena perpetua o incluso la pena de muerte en Estados Unidos.
Este hecho ocurre apenas días después de que Sheinbaum propusiera una serie de cambios constitucionales que podrían obstaculizar las investigaciones y acciones extranjeras contra los carteles de la droga, a pesar de que el gobierno estadounidense ha designado al Cartel de Sinaloa y a otros cinco carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
La carta de Zambada, enviada al consulado mexicano en Nueva York, pide al gobierno de México que intervenga para repatriarlo, alegando que fue secuestrado y no arrestado, y que enfrenta la posibilidad de la pena de muerte.
Sheinbaum ha confirmado que su administración está analizando esta solicitud, aunque ha aclarado que «nadie está defendiendo a esta persona», sino que se trata de cómo fue detenido. Esta declaración ha generado indignación entre críticos que ven en ello una posible complicidad con el crimen organizado.
Los cambios constitucionales propuestos por Sheinbaum buscan imponer sanciones penales a extranjeros y nacionales mexicanos que participen en investigaciones y acciones no autorizadas por el gobierno mexicano.
Esto podría complicar severamente las operaciones de agencias extranjeras, como la DEA, en territorio mexicano.
Estos cambios llegan en un momento crítico, justo después de que EE.UU. designara al Cartel de Sinaloa y a otros cinco carteles como FTO, lo que permite a Washington tomar medidas más severas contra estos grupos, incluyendo sanciones económicas y operaciones militares.
La designación de los carteles como FTO por parte de EE.UU. es una medida sin precedentes que refleja la gravedad de la amenaza que representan estos grupos no solo para México, sino para la seguridad internacional.
Esta acción permite a EE.UU. congelar activos, prohibir transacciones financieras y perseguir a cualquier persona o entidad que brinde apoyo material a estos carteles. Sin embargo, los cambios constitucionales propuestos por Sheinbaum podrían interpretarse como un intento de blindar a estos grupos del escrutinio y la acción internacional.
La respuesta de Sheinbaum a la carta de Zambada parece una señal de debilidad ante el crimen organizado, ya que los cambios constitucionales que ella misma propone son un retroceso en la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Y no sólo se ve como “debilidad” también ha generado especulaciones sobre posibles vínculos entre el gobierno mexicano y los carteles.
Aunque no hay pruebas concretas de tales vínculos, la percepción de que el gobierno podría estar cediendo ante las demandas de un narcotraficante de alto perfil es suficiente para socavar la confianza en las instituciones mexicanas.
Al obstaculizar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, México podría convertirse en un santuario para los carteles, permitiéndoles operar con mayor libertad y expandir su influencia. Esto no solo pondría en riesgo la seguridad de los ciudadanos mexicanos, sino que también podría exacerbar la crisis de opioides en EE.UU., donde el fentanilo, producido y traficado por estos carteles, ha causado miles de muertes.
La alternativa que Sheinbaum propone es un futuro en el que los carteles operen con impunidad, poniendo en peligro no solo a México, sino a toda la región.
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